Nación y estados, republicanismo y violencia

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Una ciudadanía en construcción que teóricamente establecía que el ser iguales 
significaba no solo trasladar la voluntad soberana a los representantes del pueblo, 
sino que se apoyaba en una relación de derechos y deberes. El derecho a ser 
ciudadanos ya se había alcanzado con la Independencia pero los deberes deberían 
ser construidos, entendidos estos como aquellos comportamientos sociales 
determinados por la virtud. Uno de ellos era el sacrificio por la patria y el dejar por 
un lado el egoísmo individual, los “intereses espurios”.

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 La obligación de tomar 

las armas aún a despecho de renunciar a los derechos civiles que suponía, por un 
lado, el estado de excepción en que se basaba la decisión de ir a la guerra y por 
el otro, la potencial sujeción a los caprichos dictatoriales de los dirigentes.

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 El 

cuadro de virtud ciudadana lo completaba el deber de financiar al Estado vía los 
impuestos y tributos o los préstamos forzosos como señalaba el mismo documento.

No obstante, ese interés por el ciudadano soldado estaría marcado por una 
constante: el sentido organizativo de la participación del hombre en armas. 
Sentido que se había reducido a la discusión entre la formación de un Ejército 
republicano o estatal, o el mantenimiento de las milicias locales, que había 
derivado en el debate sobre quién era el encargado de la defensa. La elaboración 
de las constituciones enseña perfectamente cómo fue este “estira y afloja” entre 
las dos formas posibles y cómo nuevamente dividió a las fuerzas políticas, tanto 
a federalistas, como a centralistas. La posibilidad de que la República Federal 
concentrara fuerzas era motivo de mucha desconfianza y una de las causas 
del enfrentamiento posterior entre el presidente de la Federación y los estados 
centroamericanos, poco dispuestos a aceptar un poder concentrado por encima 
de los suyos. Tal discusión también se daba en la deliberación de las constituciones 
estatales. De ahí que prevalecieran las soluciones ambiguas que terminarían 
por fortalecer el mantenimiento de las milicias como forma organizativa por 
excelencia y la preponderancia de la forma estatal sobre la nacional.

65 Veronique Hébrard, ¿Patricio o soldado? p. 433.
66 En el mismo documento, el gobierno salvadoreño ya se planteaba que había intereses ocultos 

que amenazaban la Constitución y solicitaba al gobierno guatemalteco mantener la vigilancia, 

ampliar las facultades, decretar la pena de muerte contra quien se opusiera a la constitución, 

organizar la fuerza del Estado y activar los préstamos forzosos. BCB, Misceláneas, 10109, El 

gobierno de San Salvador. Más tarde las drásticas medidas del gobierno guatemalteco moderado 

serían mostradas como el ejemplo de dictadura.