Nación y estados, republicanismo y violencia
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En marzo se declara un impuesto extraordinario de dos pesos por cada casa de
teja y de ocho reales por cada casa menor de 20 varas, a ser destinados a los gastos
de fortificación de la ciudad, en un momento que se consideraba una probable
ofensiva salvadoreña, que al final no se produjo. En abril, posiblemente como
parte del fracaso de la imposición de enero, se emitió un préstamo forzoso de 45
000 pesos, con amenazas de aumentar esa cantidad. En esta se precisan más sus
reglamentaciones pues se señala que contribuirían las personas de las comunidades,
de las corporaciones eclesiásticas, de las cofradías y las testamentarías. Además
se distribuyó el costo entre la capital y los departamentos (35 000 pesos capital
y departamento, y 10 000 a otros departamentos. De necesitarse se ampliaría a
10 000 en la capital y 5 000 en cada departamento).
En agosto se obligó a otro préstamo por 60 000 pesos, el cual pocos días después
se aumentó a 100 000 pesos. Mientras tanto, en noviembre se dio un giro porque
se anularon los decretos de abril y agosto y se pasó de la categoría de contribución
directa a la de impuesto general, donde contribuían todos los pueblos con un
total de 37 743 pesos. Un cambio sustancial en la retórica de los préstamos
forzosos porque se menciona una cantidad más precisa, lo que posiblemente
significaba una cantidad más cercana a la que realmente se había recaudado en
las anteriores ocasiones. Además, porque en ese entonces la declinación del apoyo
ya era evidente entre la clase alta. Montúfar para ese tiempo señalaba la actitud
reticente de la familia Asturias,
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cuyos miembros se habían beneficiado en algún
momento de los préstamos forzosos al ser parte de los “comisionados del cobro”,
pero que ahora por alguna razón habían retirado su apoyo.
Por otro lado, la estructura del cobro estaba a cargo de los jefes departamentales,
en ocasiones de algunos comisionados nombrados al respecto y, sobre todo, de los
alcaldes. El primero representaba el poder político cuya función era mantener el
control y actuar como señal de presión o como coerción armada según fuera el
caso; mientras que los comisionados respondían al interés del Gobierno de tener
un control financiero pero este era cedido a familias de comerciantes de peso. En
ocasiones se mencionan nombres de comisionados, tales como: Domingo Payés,
62 Montúfar se lamenta “que no calculaban que bien pronto lo perderían todo si no sacrificaban algo”, un
argumento que desde el principio se había azuzado a los ricos de la capital, con la amenaza
que si los salvadoreños entraban a la ciudad de Guatemala se perderían las fortunas. Una
retórica que tendría visos de realidad en 1829. Manuel Montúfar, op. cit., p. 179.