Nación y estados, republicanismo y violencia
25
Obviamente las municipalidades eran las instituciones privilegiadas, las cuales
seguían concentrando capacidades jurisdiccionales. Ahora bien, los asuntos de
hacienda y de guerra, más que ninguna otra rama, fomentaban la intervención
de los funcionarios estatales y las figuras del jefe político y del delegado de
Hacienda, quienes asumían una mayor injerencia y casi siempre se enfrentaban
a la resistencia de los pueblos para acatar las directrices gubernativas. De este
modo, el Estado desarrollaba su actividad administrativa con muchas tensiones,
teniendo que afrontar la acción autonomista de las municipalidades, a pesar
de la voluntaria participación de estas como entes de poder local colaborando
con el gobierno. La guerra vendría a fortalecer este comportamiento de tensa
colaboración. Por un lado, estaba el gobierno en pro de fortalecer su sentido de
autoridad y el interés de subordinación para insertar a los pueblos en la lógica
administrativa del Estado. Por el otro, encontramos a las municipalidades que
buscaban mantener las ventajas autonómicas y tener capacidad de negociar
beneficios que se consideraban comunales.
3.1. Las recaudaciones forzosas
La correlación entre guerra y hacienda resulta compleja al comparar el esfuerzo
estatal por crear un sentido nacional vía el conflicto armado, así como para
lograr la eficacia del aparato estatal para sus funciones de Gobierno. Una guerra
siempre intensificará la relación del Estado con la sociedad o al menos esa era la
intención desde su institución. La intensifica porque al implementar los gastos de
la guerra se apoya en los préstamos y contribuciones, ambas de carácter forzoso,
lo que lleva relativamente a una mayor burocracia y a la búsqueda de formas más
eficaces de recaudación. Al mismo tiempo puede revelar los condicionamientos
y las negociaciones que forman parte del ejercicio del poder desde el Estado y
desde las comunidades.
55
El aparato estatal se fortalece y la sociedad resulta más
controlada. Generalmente la guerra se apoya en un “estado de excepción” que
permite a los gobernantes concentrar poderes legítimamente. En efecto, tanto en
Guatemala como en El Salvador, las medidas serían avaladas por los congresos y,
los jefes de Estado en funciones obtenían poderes discrecionales, por lo tanto las
recaudaciones y otras medidas se hacían a partir de esa excepcionalidad.
55 Mario Etchechury, op. cit., p. 2.