Nación y estados, republicanismo y violencia

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Obviamente las municipalidades eran las instituciones privilegiadas, las cuales 
seguían concentrando capacidades jurisdiccionales. Ahora bien, los asuntos de 
hacienda y de guerra, más que ninguna otra rama, fomentaban la intervención 
de los funcionarios estatales y las figuras del jefe político y del delegado de 
Hacienda, quienes asumían una mayor injerencia y casi siempre se enfrentaban 
a la resistencia de los pueblos para acatar las directrices gubernativas. De este 
modo, el Estado desarrollaba su actividad administrativa con muchas tensiones, 
teniendo que afrontar la acción autonomista de las municipalidades, a pesar 
de la voluntaria participación de estas como entes de poder local colaborando 
con el gobierno. La guerra vendría a fortalecer este comportamiento de tensa 
colaboración. Por un lado, estaba el gobierno en pro de fortalecer su sentido de 
autoridad y el interés de subordinación para insertar a los pueblos en la lógica 
administrativa del Estado. Por el otro, encontramos a las municipalidades que 
buscaban mantener las ventajas autonómicas y tener capacidad de negociar 
beneficios que se consideraban comunales.

3.1. Las recaudaciones forzosas

La correlación entre guerra y hacienda resulta compleja al comparar el esfuerzo 
estatal por crear un sentido nacional vía el conflicto armado, así como para 
lograr la eficacia del aparato estatal para sus funciones de Gobierno. Una guerra 
siempre intensificará la relación del Estado con la sociedad o al menos esa era la 
intención desde su institución. La intensifica porque al implementar los gastos de 
la guerra se apoya en los préstamos y contribuciones, ambas de carácter forzoso, 
lo que lleva relativamente a una mayor burocracia y a la búsqueda de formas más 
eficaces de recaudación. Al mismo tiempo puede revelar los condicionamientos 
y las negociaciones que forman parte del ejercicio del poder desde el Estado y 
desde las comunidades.

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 El aparato estatal se fortalece y la sociedad resulta más 

controlada. Generalmente la guerra se apoya en un “estado de excepción” que 
permite a los gobernantes concentrar poderes legítimamente. En efecto, tanto en 
Guatemala como en El Salvador, las medidas serían avaladas por los congresos y, 
los jefes de Estado en funciones obtenían poderes discrecionales, por lo tanto las 
recaudaciones y otras medidas se hacían a partir de esa excepcionalidad.

55 Mario Etchechury, op. cit., p. 2.