La primera guerra federal centroamericana, 1826-1829
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Las autoridades costarricenses procedieron entonces a solicitar a las
municipalidades la elaboración de listas de hombres aptos para el servicio militar,
estableciendo una serie de criterios para seleccionar a los individuos que podían
ser alistados. El decreto L estableció que en principio se intentaría suplir la cuota
federal mediante enganches voluntarios y en caso de no completarse el cupo con
esos voluntarios, se tomarían para el servicio militar a vagos y mal entretenidos.
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De esta forma el estado costarricense se hizo cargo del reclutamiento de los
soldados, dado que las autoridades federales no contaban con la capacidad real
de llevar a cabo un proceso tan complejo como el reclutamiento de hombres para
sus propias fuerzas armadas. De hecho las autoridades costarricenses fueron las
que lidiaron con el reclutamiento de la tropa, proceso que incluyó negociaciones
con los municipios, entidades que fueron vitales en la ejecución de la leva.
Hay que recordar que gracias a la tradición colonial los ayuntamientos contaban
con una serie de atribuciones administrativas muy importantes; de hecho el
gobierno costarricense dependía de los ayuntamientos para el control efectivo del
territorio y de la población del país. Así, procesos como el cobro de impuestos,
la imposición de medidas legales o en este caso el reclutamiento de hombres,
dependían en parte de la intervención de las autoridades municipales, quienes
contaban con la capacidad y la legitimidad para llevar a cabo esas tareas.
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Los problemas iniciaron casi de inmediato, pues el enganche voluntario no pudo
suplir el cupo asignado al estado costarricense; es casi seguro que la perspectiva de
salir del territorio del país generó problemas para llevar a cabo el reclutamiento
de soldados.
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Otro de los problemas con que se tuvo que lidiar fue el impacto
económico de ese reclutamiento, pues hay que recordar que las leyes militares
13 Colección de decretos y órdenes de la legislatura del Estado, 1826, San José: Imprenta de La Paz, 1861,
pp. 143-144
14 De hecho, buena parte de los procesos que hoy en día identificamos como parte de la
formación del estado moderno pasaron por una lucha entre autoridades locales que trataban
de mantener sus atribuciones y representantes del estado central que intentaban introducirse
en las redes de poder locales y de esa forma materializar el poder del Estado central.
15 Junto a este tipo de quejas, Paulina Malavassi registra el malestar de los ayuntamientos
por la pérdida de mano de obra generada por el reclutamiento: Paulina Malavassi, “Perfil
socioeconómico y judicial de los ociosos”, 2005, p. 33.