La primera guerra federal centroamericana, 1826-1829

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Las autoridades costarricenses procedieron entonces a solicitar a las 
municipalidades la elaboración de listas de hombres aptos para el servicio militar, 
estableciendo una serie de criterios para seleccionar a los individuos que podían 
ser alistados. El decreto L estableció que en principio se intentaría suplir la cuota 
federal mediante enganches voluntarios y en caso de no completarse el cupo con 
esos voluntarios, se tomarían para el servicio militar a vagos y mal entretenidos.

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De esta forma el estado costarricense se hizo cargo del reclutamiento de los 
soldados, dado que las autoridades federales no contaban con la capacidad real 
de llevar a cabo un proceso tan complejo como el reclutamiento de hombres para 
sus propias fuerzas armadas. De hecho las autoridades costarricenses fueron las 
que lidiaron con el reclutamiento de la tropa, proceso que incluyó negociaciones 
con los municipios, entidades que fueron vitales en la ejecución de la leva. 

Hay que recordar que gracias a la tradición colonial los ayuntamientos contaban 
con una serie de atribuciones administrativas muy importantes; de hecho el 
gobierno costarricense dependía de los ayuntamientos para el control efectivo del 
territorio y de la población del país. Así, procesos como el cobro de impuestos, 
la imposición de medidas legales o en este caso el reclutamiento de hombres, 
dependían en parte de la intervención de las autoridades municipales, quienes 
contaban con la capacidad y la legitimidad para llevar a cabo esas tareas.

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Los problemas iniciaron casi de inmediato, pues el enganche voluntario no pudo 
suplir el cupo asignado al estado costarricense; es casi seguro que la perspectiva de 
salir del territorio del país generó problemas para llevar a cabo el reclutamiento 
de soldados.

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 Otro de los problemas con que se tuvo que lidiar fue el impacto 

económico de ese reclutamiento, pues hay que recordar que las leyes militares 

13 Colección de decretos y órdenes de la legislatura del Estado, 1826, San José: Imprenta de La Paz, 1861, 

pp. 143-144

14 De hecho, buena parte de los procesos que hoy en día identificamos como parte de la 

formación del estado moderno pasaron por una lucha entre autoridades locales que trataban 

de mantener sus atribuciones y representantes del estado central que intentaban introducirse 

en las redes de poder locales y de esa forma materializar el poder del Estado central.

15 Junto a este tipo de quejas, Paulina Malavassi registra el malestar de los ayuntamientos 

por la pérdida de mano de obra generada por el reclutamiento: Paulina Malavassi, “Perfil 

socioeconómico y judicial de los ociosos”, 2005, p. 33.