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Ana Gabriela López González
Espacios Políticos, Año X, número 17, agosto de 2018, pp. 53-72
del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (Decreto
Legislativo 32-2005) que define la SAN
como «el derecho de toda persona
a tener acceso físico, económico y
social, oportuna y permanentemente,
a una alimentación adecuada en
cantidad y calidad, con pertinencia
cultural, preferiblemente de origen
nacional, así como a su adecuado
aprovechamiento biológico (…)»
(Congreso de la República de
Guatemala, 2005).
Mediante el Decreto Legislativo
32-2005, se crea la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Presidencia de la
República
(Sesán),
considerada
como el órgano de coordinación del
Sistema Nacional de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (Sisán),
cuya responsabilidad es concretar la
operación interministerial del Plan
Estratégico de Seguridad Alimentaria
y Nutricional. La Sesán implementa
directrices y lineamientos del Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional. Anteriormente
implementó las hojas de ruta de
la SAN y del plan del gobierno de
Pérez Molina, que se plasmó dentro
del plan del «Pacto Hambre Cero».
Este pacto se realizó en todas las
instancias del Estado, cuyo plan fue
el instrumento del gobierno para
hacerlo funcional. En aquel momento
se esperaba, principalmente: i) reducir
la desnutrición crónica infantil en un
10 % entre 2012 y 2015; y ii) evitar
las muertes por desnutrición aguda,
especialmente en los meses críticos del
período anual del hambre estacional.
El Informe sobre el análisis
sistémico y territorial de la seguridad
alimentaria y nutricional en Guatemala
contextualiza la situación del país,
a través de estadísticas sobre la
SAN, de instancias como la Comisión
Económica para América Latina
(Cepal), la FAO y el Instituto Nacional
de Estadística (INE). En el período
entre 1940 y 2004, se registró la
muerte de un millón de niños menores
de cinco años por causas relacionadas
con la desnutrición. Guatemala está
entre los cinco países con mayor
prevalencia de desnutrición crónica
en menores de cinco años. Se estima
que en 2008, cinco de cada diez
niños están desnutridos ubicados
entre los menos favorecidos. Más
preocupante es el panorama,
cuando se separa el área rural del
área urbana, donde el 58.6 %, de
los niños, en su mayoría es indígena.
La población de niños indígenas en
el área rural se enfrenta a números
alarmantes, pues siete de cada diez
niños padecen desnutrición crónica
infantil (DCI) (Iarna, 2015b, p. 29).
En municipios de los
departamentos de Alta Verapaz,
Baja Verapaz, Quetzaltenango,
Jalapa y Chiquimula, la DCI no dista
mucho del año 1986. Esta es una
realidad abrumadora que cuestiona
la pertinencia de las políticas públicas
actuales. Aunque se han desarrollado
algunos programas para acabar
con el problema de la inseguridad