Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 77-88
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a) Realizar y coordinar un proceso
de diálogo y consulta social sobre
la validez de la propuesta inicial y
sus temas.
b) Sistematizar y presentar, a los
tres presidentes, el texto de pro-
puesta final.
c) Acompañar técnicamente con
asesoría sobre estándares míni-
mos que deben ser observados.
d) Comunicar y difundir los resulta-
dos del dialogo y de las propues-
tas.
Habiendo finalizado el proceso
encomendado, la Secretaría Técnica
entregó a los tres presidentes el
producto, acto en el cual 55 diputados
al Congreso de la República firmaron
para que fuera considerada iniciativa
de ley. Sin embargo, diversos actores
políticos empiezan a cuestionar a la
Secretaría Técnica en su capacidad
de poder presentar iniciativas de ley,
incluso se ha interpuesto un recurso
de inconstitucionalidad que aún se
encuentra pendiente de resolver.
El argumento carece de valor y
sustento, en el marco que la iniciativa
fue promovida por diputados al
Congreso de la República, siendo la
secretaría técnica un ente meramente
de asesoría y acompañamiento para
legitimidad y confianza ciudadana.
Debe sumarse a este contexto
político, los cambios en la presidencia
del Congreso de la República y de la
Corte Suprema de Justicia, los cuales
afectaron los procesos iniciales que
se habían concretado, a su vez,
volvieron más inestable el manejo y
defensa del proceso de reforma hacia
dentro de las mismas instituciones.
Así, pueden identificarse que
los promotores han mutado en dos
direcciones, unos hacia la adaptación,
que conlleva aceptación de reformas,
y otros, hacia la resistencia, que
tienen claro la comodidad que le
brinda el modelo actual y por tanto
se opone, ya sea deslegitimando
el proceso o bien, aprovechando
los cambios de presidencia en los
organismos promotores. Se añade que
el presidente del Ejecutivo también
promueve, pero sus pronunciamientos
al respecto son débiles y orientados a
no generar un compromiso.
En el ámbito de aspectos
temáticos, la sola presencia de la
posibilidad de reconocer el derecho
de los pueblos indígenas provocó el
surgimiento de discursos sociales
consensuales, así como los miedos
por desconocimiento, propios de una
sociedad que ha hecho no visible las
ventajas de la pluralidad de formas
para la resolución de conflictos.
Estas expresiones altamente
conservadoras en el debate social