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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 77-88
Reformas al sistema de justicia de Guatemala
de acceso a la justicia y dedicación
exclusiva a la judicatura plantea el
primer argumento orientado a crear
un modelo de separación de esas
funciones.
Como segundo argumento se
tiene una construcción de lógica
común, así, si el modelo inicial
de designación tiene vicios por
influencias indebidas, las gestiones
y designaciones administrativas
estarán orientadas a favorecer
a quienes permitieron que esas
personas llegaran a las magistraturas.
La iniciativa 5179 parece haber
observado dicha lógica y presenta una
propuesta de división de funciones y
fortalecimiento de la carrera judicial.
Puede decirse que en el ámbito
de reformas al sistema de justicia,
con independencia del texto final, los
temas principales y conexos a estos se
encuentran contenidos y reflejados,
lo que de por sí dispone la necesidad
de profundizar en la discusión y
aprobación de las mismas.
¿Qué ha detenido hasta ahora
las reformas al sector justicia en la
Constitución?
Si la propuesta de reformas
contiene los ejes centrales para
la estructuración adecuada de
un sistema de justicia con mayor
independencia y orientado a la
resolución de conflictos, qué detiene
su aprobación. Al respecto deben
considerarse elementos de contexto
político y temático.
En los de contexto político se
dirá que existe un evento antagónico:
la reforma fue promovida por
funcionarios que no quieren la
reforma.
Precisamente el apoyo a un
proceso de reformas sí surgió de
la coyuntura del 2015, que es
distinto a decir que las reformas
sean coyunturales, como ya se ha
descartado en este texto.
En la coyuntura de apoyar refor-
mas, tanto la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala
y el Ministerio Público ganaron legi-
timidad social, al punto que hoy son
las instituciones con mayor credibi-
lidad en el país, incluso por encima
de cualquier actor político electo de
forma popular. Esto llevo a que los
tres presidentes de los organismos
del Estado, promovieran que ambas
instituciones, más el Procurador de
Derechos Humanos y el Sistema de
Naciones Unidas en Guatemala, con-
formaran una Secretaría Técnica con
cuatro funciones que se percibieron
esenciales durante su presencia en el
proceso: