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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 77-88
Reformas al sistema de justicia de Guatemala
La impunidad caló hasta el punto de
apoderarse de la estructura misma
del Estado, y se convirtió tanto en
un medio como en un fin. Protegió
las actuaciones represivas del
Estado así como las de particulares
afines, mientras que, como fin,
fue consecuencia de los métodos
aplicados para reprimir y eliminar a
los adversarios políticos y sociales.
En tanto ese contexto, el
antecedente se encuentra en el
texto de los Acuerdos de Paz de
1996, los cuales son considerados
una agenda de consolidación política
y democratización del Estado. El
Acuerdo sobre fortalecimiento del
poder civil y función del Ejército en
una sociedad democrática, marca
las orientaciones esenciales de
una reforma al sistema de justicia
guatemalteco:
La reforma y modernización de la
administración de justicia deben
dirigirse a impedir que ésta genere
y encubra un sistema de impunidad
y corrupción. El proceso judicial no
es un simple procedimiento regulado
por códigos y leyes ordinarias, sino el
instrumento para realizar el derecho
esencial de las personas a la justicia,
el cual se concreta mediante la
garantía de imparcialidad, objetividad,
generalidad e igualdad ante la ley.
(Acuerdos de Paz, 1996)
Por su lado, el acuerdo sobre
identidad y derecho de los pueblos
indígenas dispone como acuerdo que:
Para
fortalecer
la
seguridad
jurídica de las comunidades indígenas,
el gobierno se compromete a promover
ante el organismo legislativo, con la
participación de las organizaciones
indígenas, el desarrollo de normas
legales que reconozcan a las
comunidades indígenas el manejo de
sus asuntos internos de acuerdo a sus
normas consuetudinarias, siempre que
éstas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por
el sistema jurídico nacional ni con los
derechos humanos internacionalmente
reconocidos. (Acuerdos de Paz, 1996)
Se evidencian tres grandes líneas
obligadas y necesarias a las cuales
debe orientar la reforma, disminuir
la impunidad y generar mecanismos
adecuados
que
garanticen
la
independencia e imparcialidad
judicial. Además, aquella que permita
reconocer el derecho de los pueblos
indígenas desde la norma suprema
del Estado, para así promover un
sistema de resolución de conflictos
plural, coordinado y, que atienda a la
reparación de daños.
Estos ejes centrales de la
reforma, se evidencian en la iniciativa
de ley 5179 de reforma constitucional
que se discute actualmente: