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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 77-88
Reformas al sistema de justicia de Guatemala
Postulación, con la cual se pretendió
brindar un marco de actuación a las
comisiones, teniendo como valor
agregado la posibilidad de que
cualquier ciudadano pudiera participar
en la observación de las discusiones,
de los métodos que se establecieran
para evaluar a los postulantes y,
finalmente, en la posibilidad de
poder presentar oposición a ciertas
candidaturas, siempre que estas
fueran fundadas en aspectos objetivos
y que de su existencia se presumiera
que el postulante no sería idóneo para
la magistratura.
Sin embargo, la ley no brinda
solución alguna, lo que alienta a
manifestar por parte de Cicig (2009)
que:
Los defectos, por tanto, en la
integración de la Corte Suprema de
Justicia y de Cortes de Apelaciones,
son estructurales y se derivan en
primer término, de una concepción
extendida en múltiples sectores
políticos, empresariales, profesionales
del derecho, etc., en el sentido de
que la meta final de los procesos de
conformación de las cortes, tienen
que ver más con la necesidad de
apoderarse de espacios de poder en
el Organismo Judicial mediante el
nombramiento de magistrados afines,
antes que en promover una verdadera
independencia del Poder Judicial.
Con ello, el planteamiento
revisionista de reestructuración del
modelo sobre leyes orgánicas también
parece perder sustento.
Ante el agotamiento de ambos
argumentos y la prueba histórica
presentada, se hace evidente que
la discusión de reformas al sector
justicia data de más de 25 años y
que en el transcurso de ese tiempo
se han hecho y realizado eventos de
estructuración, pero estos han sido
insuficientes. A partir de ello, qué
temas son los indispensables en la
reforma; están estos presentes en la
propuesta de la iniciativa 5179 que
hoy, en el año 2017, se conoce en el
Congreso de la República.
Para determinar cuál es el
antecedente que debe tomarse como
referencia teórica y contextual,
debe tenerse claridad que no se
encontrará en la época del conflicto
armado interno, pues conforme la
Comisión de Esclarecimiento Histórico
(Guatemala memorias del silencio,
1999, p. 18) el organismo judicial
y todas las dependencias del sector
justicia fueron infiltradas con fines
de inteligencia militar, a su vez, para
generar impunidad a los miembros
oficiales que ejecutaban las órdenes
de inteligencia. El mismo informe
señala que: