46
Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 29-50
Pluralismo jurídico en Guatemala: por la necesidad de nombrar la dimensión invisible de la justicia
tienen que ver con derechos
pendientes: con una histórica
necesidad de redistribución del
poder.
Por esa razón, sus reflexiones
se vinculan de diversas maneras
a los debates sobre la refundación
del Estado: en primer lugar, desde
la crítica al monismo kelseniano
sobre la normatividad estatal, a esa
concepción del monopolio estatal
en la producción y aplicación del
derecho. En segundo lugar, desde la
invocación de la libre determinación
indígena,
que
entraña
una
reivindicación anticolonial sobre
la recuperación del control y la
toma de decisiones sobre la propia
vida, y que articula una serie de
derechos colectivos que cuestionan
elementos clave de la soberanía
estatal y se enfrentan a la dicotomía
individuo/Estado que perdura en
las concepciones dominantes.
Esto incluye el reconocimiento del
sistema jurídico propio como parte
de un todo integral.
En tercer lugar, desde la
reconceptualización del derecho
como un universo inherentemente
contradictorio, que acoge distintos
mundos de vida normativa que,
aunque no formen parte de la
legalidad occidental, son parte de la
«realidad legal» porque constituyen
los canales a través de los cuales
discurre y se resuelve la vida en el
mundo real.
Situarnos desde esa perspectiva
nos puede conducir a la reflexión
sobre qué es lo que realmente nos
divide hoy, y sobre qué es lo que nos
ha dividido a lo largo de la historia
republicana colonial. Nos interpela
a respondernos a la duda de si las
divisiones se deben a la «existencia
histórica y fáctica» de pueblos
con cosmovisiones y sistemas de
justicia propios, o si deriva más
bien del racismo manifestado en
la negación de su existencia y en
los mecanismos violentos para
hacerlos encajar ‒al margen de su
identidad cultural‒ en un molde y
unos mecanismos de ciudadanía
homogénea. ¿No nos divide más,
acaso, la invisibilización histórica
de unos sujetos de derechos
‒las mayorías indígenas de este
país‒ que garantiza un sistema de
acumulación económica que les
niega oportunidades y apenas les
permite sobrevivir en condiciones
de explotación?
El siglo XXI pone en evidencia
que el modelo occidental de
legalidad positiva en este contexto,
más que lograr consolidarse a lo
largo del tiempo, ha llegado a una
fase de agotamiento que cuestiona