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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 23-28
Reflexiones en torno a la conferencia de Alberto Fuentes Knight
que mandan a sus familiares.
Es decir, mientras la Constitución
de
1985
fundamentó
la
subordinación al capital oligarca,
los Acuerdos de Paz de 1996
legitimaron las prácticas de
privatización mientras el dinero
internacional ‒fuese en remesas
o en oenegés‒ liberaban de gasto
social al Estado, permitiendo que
la banca nacional y sus redes
clientelares gozaran de lo que,
por decreto constitucional, se le
niega al que nace en Guatemala.
Entendido así, la Constitución de
1985 fue la legalización del robo
social por parte del capital oligarca
y su burocracia, incluyendo, por
supuesto, al Ejército.
Todo en Guatemala sigue
este
patrón
de
beneficios
corporativistas: el capital de la
telefonía privatizada (TIGO),
el subsidio al terrible sistema
urbano
de
transporte,
la
privatización de los museos y sus
piezas arqueológicas, el incentivo
a las empresas bajo la Ley de
Maquilas, la concesión territorial
y de los recursos sociales a
empresas privadas (minería,
hidroeléctricas,
petróleo),
la
privatización de la distribución
de energía eléctrica (Deocsa,
hoy Energuate). Guatemala es
un país subordinado casi por
entero a la lógica mercantil.
La exención de impuestos
a colegios privados y a las
universidades es correlativa a la
destrucción del sistema educativo
público. Claro, conociendo la
historia de este país no debería
sorprender: su conformación como
Estado partió básicamente del
interés privado por la producción
finquera,
subordinando
la
población y los territorios
‒principalmente
indígenas‒
a la mercancía café, luego
diversificada en caña y palma.
El mismo Estado ha sido
la articulación de un ataque
contra los habitantes de este
territorio. Lo que comparten las
constituciones de 1956, 1965 y
1985 es la negación de la forma,
digamos, arbencista del Estado,
donde la producción mercantil no
partiera del privilegio sino de la
competencia.
La Reforma Agraria era una
redistribución de la tierra, pero
también un pacto de producción
mercantil, buscando establecer la
ciudadanía y el trabajo como las
bases del pacto social. En cambio,
las constituciones desde entonces
han sido el correlato de una