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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 3-22
La reforma del Estado en Guatemala desde las finanzas públicas
representan casi el 30% del gasto,
y este es un gasto muy rígido que
no se puede simplemente eliminar
o reducir fuertemente puesto
que incluye obligaciones legales,
que aún cuando sean espurias
toman tiempo en ser modificadas.
Luego están las clases pasivas, lo
mismo es otro 8%, a lo cual se
agrega el servicio de la deuda,
y tenemos otra serie de aportes
institucionales y constitucionales
que
también
restringen
el
presupuesto. Al sumar todas esas
restricciones lo que queda para
gastar en inversión es un 8% del
presupuesto total.
El Ministerio de Finanzas,
sujeto a las negociaciones con
el Congreso y con otros actores,
tiene en la práctica la capacidad
para modificar 8% del presupuesto
nacional en el corto plazo. El
presupuesto no solo es pequeño,
sino que además casi no se puede
cambiar. De acuerdo con un
estudio del BID, Guatemala está
entre los países centroamericanos
con mayor rigidez presupuestaria,
mayor a la de otros países como
Honduras, República Dominicana,
Nicaragua y Panamá. Esta rigidez
se combina con la incidencia del
Congreso en la elaboración del
presupuesto, que al combinar
intereses políticos y privados
ejerce un papel de veto similar al
que tienen las fuerzas corporativas
con los impuestos.
Quinto, la corrupción se ha
vuelto una parte fundamental de
la política fiscal. De acuerdo con el
estudio de Icefi y Oxfam, hay cinco
vías por las cuales tiende a darse
la mayor parte de la corrupción: el
gasto de inversión, especialmente
a través del Ministerio de
Comunicaciones; trasferencias a
las municipalidades y a los consejos
de desarrollo; adjudicaciones en
contratos abiertos, incluyendo los
medicamentos, alimentos y ciertos
servicios; y luego los fideicomisos.
Este conjunto de rubros suma casi
el 30% del presupuesto; que sería
muy susceptible de corrupción,
especialmente en presencia de
mecanismos débiles de control.
Sexto, el gasto social es
realmente mínimo. Sumemos
a eso la baja eficacia de esos
gastos públicos y sociales en
general, lo cual significa que el
gasto público tiene una escasa
capacidad de incidir en la calidad
de vida, comenzando por la
salud de la mayor parte de la
población, ni de tomar en cuenta
su pluralidad. Así, tenemos que
la cobertura de la vacunación no
parece estar correlacionada con
los gastos en salud. Esto es un
reflejo de corrupción, y vimos en
los últimos años que como parte