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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 3-22
La reforma del Estado en Guatemala desde las finanzas públicas
de subcontrataciones de servicios
públicos que tuvieron implicaciones
muy directas para la política fiscal
y para el funcionamiento del
Estado en general.
Primero, se impulsó la intro-
ducción masiva de contrataciones
de oenegés en salud, educación,
e infraestructura. Pudo detener-
se parcialmente en educación,
pero en materia de salud y de
infraestructura buena parte de
estas contrataciones fueron un
motivo y origen de la gran co-
rrupción y de la ineficiencia que
ahora se encuentra en esos sec-
tores. Hubo también un debilita-
miento en el sector público en el
área agrícola, donde se ampliaron
las subcontrataciones y la exten-
sión agrícola en el Ministerio de
Agricultura y Ganadería ‒MAGA‒,
y se eliminó una larga historia de
extensión agrícola que beneficiaba
a los pequeños productores.
También hubo privatizacio-
nes, quizás menos polémicas, de
la electricidad, las telecomunica-
ciones y la aviación civil; aunque
con serias deficiencias regulato-
rias y con la expectativa de que
el libre juego de los mercados iba
a solucionar todo. No se tomó en
cuenta que también podía ge-
nerar nuevos problemas, como
ha ocurrido con los conflictos
asociados a la implementación
de proyectos de generación de
energía en varias áreas del país.
La generalizada debilidad del Es-
tado, en buena parte, explica la
incapacidad de resolver conflic-
tos generados en otros ámbitos
como los de la tierra o la indus-
tria extractiva.
Tan importante como las
demás políticas de esta época
fue la amplia introducción de
fideicomisos como mecanismo
«ágil» de ejecución del gasto público
durante el gobierno de Arzú, que
permitió sacar del sector público
el control de los recursos públicos.
Con ello se pasaban los recursos
a los bancos, sin que se pudieran
fiscalizar, y se convirtieron, como
sabemos, en una de las fuentes
más grandes de corrupción.
Durante estos años también se
le dio un carácter autónomo a
la administración tributaria, y
específicamente se creó en este
momento la Superintendencia de
Administración Tributaria ‒SAT‒,
con un superintendente nombrado
por el presidente, no por el ministro
de Finanzas, con lo cual de nuevo
se debilitó la unidad de mando
de finanzas públicas. Ya no había
una sola política fiscal, pues el
Ministerio de Finanzas realmente
se quedó manejando solamente
el gasto y algo de crédito público,
mientras que los ingresos pasaron
a ser dependientes de otra
institución, autónoma. Fue otra