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Juan Alberto Fuentes Knight
Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 3-22
Todo lo anterior significa que
el presupuesto guatemalteco es
tremendamente rígido por el lado
del gasto, a lo cual se agregan
todos los problemas asociados a la
corrupción. Tenemos restricciones
severas: por un lado límites
tributarios muy serios, y por otra
parte, restricciones extremas en
materia de cómo gastar. Ambas
limitan de manera extrema la
capacidad del Estado para actuar,
para impulsar el desarrollo.
Hay dos momentos adiciona-
les, aparte de la propia discusión
y aprobación de la Constitución,
que debilitaron ese poder ejecu-
tivo en particular. Uno es que se
prohibió al Banco de Guatemala
darle crédito al sector público,
como resultado de las reformas
constitucionales de 1993. Eso,
por cierto, ya se había discutido
en la Constituyente precisamente
cuando los constituyentes neoli-
berales querían establecer un te-
cho del 10% del PIB al gasto pú-
blico. Al no poderlo hacer por la
vía de un techo al gasto, se vol-
vió más fácil hacerlo limitándole
su acceso al crédito, además de
restringir su capacidad tributaria.
La idea de limitar la capacidad del
sector público de actuar fue muy
consistente.
El otro momento en que se
adoptan disposiciones que también
limitaron la capacidad del Estado
para actuar tiene que ver con los
recursos para la descentralización.
Ya se habían ampliado los
recursos para las municipalidades
y los consejos de desarrollo para
buscar el apoyo político de los
alcaldes en 1985, y ello se amplió
más en 1993, lo cual recuerda la
idea de Buchanan que es mejor
descentralizar para debilitar el
poder del Gobierno central. Sin
embargo, la dimensión ideológica
neoliberal no parece haber tenido
tanta incidencia en este caso
puesto que tanto en 1985 como en
1993 los partidos políticos estaban
buscando el apoyo de los alcaldes
para ganar elecciones generales.
En 1993 también se prohibió
hacer reasignaciones de gastos de
inversión hacia el gasto corriente,
que puede sonar razonable, pero
a la luz de todas las restricciones
que ya existían, hacía aún más
restrictivo al presupuesto y su
posible gestión por parte del
Ejecutivo.
Una segunda ola de
restricciones y debilitamiento
del Poder Ejecutivo ocurrió
posteriormente,
durante
el
gobierno de Álvaro Arzú. Esto es
paradójico porque era un contexto
en que se habían firmado y se
suponía que debían implementarse
los Acuerdos de Paz. Sin embargo,
en la práctica lo que prevaleció
fue un proceso de liberalización
de mercados, de privatizaciones y