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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 3-22
La reforma del Estado en Guatemala desde las finanzas públicas
como el que los impuestos tienen
que ser legales, que los impues-
tos tienen que respetar la capa-
cidad de pago, que los impues-
tos no pueden involucrar multas
llamadas confiscatorias (no está
claramente definido lo que quie-
re decir confiscatorio), que los
impuestos tienen una dimensión
de secretividad; y también hay
un principio de inocencia en ma-
teria de justicia tributaria. Estas
cláusulas pueden sonar bastantes
razonables, pero en la práctica
han dado lugar a controversias
tremendas en el ámbito constitu-
cional, lo que le ha permitido a
la Corte de Constitucionalidad de-
tener y revertir numerosas refor-
mas tributarias en Guatemala.
También ha habido intentos
de restringir severamente el
gasto público directamente y
no solo por la vía de una baja
recaudación. Constituyentes de
orientación neoliberal intentaron
ponerle un límite al Estado en
1985, que se reflejó en la idea
de incluir en la Constitución un
artículo que estableciera que el
gasto público no podía ser mayor
al 10% del PIB, propuesta que
afortunadamente no fructificó.
Actualmente estamos como con
un gasto público que equivale
al 13% del PIB. Con el 13%
somos el país del mundo que
menos gasto público tiene como
proporción del PIB. Según el
Banco Mundial, de los 186 países
que hay registrados por el Banco
Mundial, Guatemala está en el
lugar número 186 cuando se
compara gasto público con el PIB.
Este es probablemente el
indicador que mejor refleja la
debilidad fiscal, y de manera
más amplia, la debilidad del
Estado guatemalteco.
Las exoneraciones, condo-
naciones, la educación privada y
la religión están exentas de pa-
gar impuestos. Además, el pre-
sidente tiene la potestad para
dar amnistía tributaria, es decir,
si hay multas porque se atrasó
el pago de impuestos, el presi-
dente puede quitar esas multas.
Esto debilita en particular la au-
toridad del ministro de Finanzas
para llevar a cabo una política
fiscal unificada. También hay
una serie de asignaciones fijas
en el presupuesto que determi-
nan cuánto por ciento del PIB o
algún otro monto que tiene que
asignarse a ciertos sectores.
El caso más llamativo es el de
deportes, pero hay otros, como
las municipalidades y los conse-
jos de desarrollo, aparte de otras
entidades descentralizadas. A lo
anterior hay que agregar el pago
de salarios, pasivos laborales y
el servicio de la deuda, que su-
man más de dos terceras partes
del presupuesto.