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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 3-22
La reforma del Estado en Guatemala desde las finanzas públicas
contra de ellos por el no pago
de impuesto. Surge entonces la
capacidad de postergar por mucho
tiempo el pago de impuestos, y
pone en una desventaja al Poder
Ejecutivo frente al contribuyente,
puesto que los procesos se
pueden quedar estancados en los
tribunales.
Este es un tema polémico
actualmente, porque en la medida
que se desarrollan sistemas
tributarios más sofisticados, estos
tienen la capacidad de manejar
la relación con el contribuyente
y los tribunales de otra manera,
y la aplicación de este principio
también puede poner al
contribuyente en desventaja frente
al Estado en ciertas ocasiones.
Así, aunque hay un peligro de
que un Estado despótico pueda
ser excesivamente duro frente
al contribuyente, con un Estado
tan débil como el guatemalteco,
la ausencia de este principio ha
significado que ante los grandes
evasores el Estado ha estado en
una posición de debilidad, porque
los evasores podían llevar todas
las controversias a los tribunales
y estar allí por mucho tiempo,
como ha ocurrido en la práctica en
Guatemala.
Una tercera condicionante del
poder fiscal del Poder Ejecutivo
es la potestad del Congreso de
revisar totalmente el presupuesto.
De acuerdo con la Constitución, el
Congreso puede revisar totalmente
el presupuesto, puede cambiarlo,
e incluso puede crear su propio
presupuesto. Esto no es algo que
sea compartido necesariamente
por otros países y tenemos el
caso de Chile, por ejemplo,
donde el Congreso simplemente
se limita aceptar o a rechazar
el presupuesto. Si lo rechaza,
entonces el Ejecutivo tiene que
plantear un nuevo presupuesto,
pero no necesariamente entra
a una negociación detallada del
presupuesto: los diputados no
tienen la capacidad de introducir
una serie de modificaciones o
proyectos de gasto e inversión.
En Costa Rica el Parlamento tiene
cierta capacidad de introducir
algunos cambios en el presupuesto,
pero de manera bastante acotada.
En Guatemala, y lo conocemos
bien, los diputados pueden cambiar
como quieran el presupuesto, lo que
ha facilitado actos de corrupción
bastante claros.
La incidencia del neolibera-
lismo, asociado a una correlación
de fuerzas que se dio en la Cons-
tituyente en 1985, se refleja en
restricciones directas impuestas
al Poder Ejecutivo, y que inclu-
yen criterios o restricciones muy
específicos sobre cuándo y cómo
se pueden aplicar impuestos. Es-
pecíficamente, hay capítulos indi-
viduales referidos a estos temas,