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Juan Alberto Fuentes Knight
Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 3-22
de política pública y para elegir
autoridades de diverso tipo, y en
los cuales han participado gremios
del sector privado e intereses
particulares sin que tenga una
dimensión pública o democrática.
Además, la puesta en práctica
de esta visión corporativista, al
justificar la creación de múltiples
instancias en que participan
intereses privados para definir
autoridades o para impulsar
políticas, ha abierto un espacio
para que se desarrollen e incidan
en el Estado intereses emergentes
y corruptos en particular. Al crearse
instancias mixtas de decisión y al
mismo tiempo que se liberalizaron
a los mercados, como ocurrió en el
periodo de 1996-2000, se debilitó
la dimensión de lo público que,
combinado con un Poder Ejecutivo
muy débil, abrió el paso a intereses
emergentes y corruptos.
Por otra parte, dentro de este
conjunto de ideologías reflejados en
la Constitución y en diversas piezas
de legislación o de instituciones
en Guatemala, ha habido un gran
ausente en la práctica: es la visión
social, que aunque cubierta en la
Constitución y específicamente en
el reconocimiento de los derechos
a la educación, la salud y al
trabajo, no está reflejado en un
Estado fuerte, condicionado por
una tremenda debilidad fiscal. En
la práctica esta debilidad fiscal
del Estado ha impedido que se
implemente una ambiciosa agenda
social. Lo ilustra con claridad el
fracaso de la implementación
de los Acuerdos de Paz, que
representaron esa visión social que
trató de impulsarse, con muy poco
éxito, después de los procesos de
la guerra que sufrimos.
¿Cómo
se
reflejaron
algunos hechos políticos en la
Constitución? y ¿qué dio lugar
a este Estado y en particular a
un Poder Ejecutivo débil y a una
fiscalidad frágil? Quiero identificar
algunos de los hechos políticos
que condicionaron y determinaron
el origen muy débil del Poder
Ejecutivo y su fiscalidad frágil.
En primer lugar, en 1985, cuando
se estableció la Constituyente, se
volvió fundamental la defensa de
los derechos ciudadanos frente a
un Estado despótico, con herencia
militar. No era un contexto favorable
para crear un Poder Ejecutivo
fuerte, después de la experiencia
tan negativa que sufrió Guatemala
con los gobiernos que se pueden
calificar como dictaduras militares,
particularmente notables durante
la década de 1970 y la primera
mitad de la década de 1980.
Lo que uno nota en la
Constitución de 1985 es que esa
protección de los derechos de
cada ciudadano, que era parte de
la ideología liberal e incluso social,