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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 89-110
Del Estado agresor al Estado humanizador
lealtad de los campesinos al
Estado». No porque los últimos
sean caprichosos, sino porque el
ejercicio del monopolio del uso
de la fuerza en un territorio solo
porque sí. Tal ejercicio es legítimo
en la medida que tenga como fin
último el proteger los derechos de
sus cercanos, aun si esta protección
pudiera proporcionarse únicamente
a través de una forma redistributiva,
parafraseando ‒si no forzando‒ a
Nozick (1991).
De ahí que Thoumi (2005)
sostenga que las medidas represivas
y prohibicionistas tengan poca
capacidad para elevar los niveles
de confianza en la institucionalidad
pública y, por ende, para lograr
que las personas en un territorio se
tornen en ciudadanos, en personas
que se sientan y conciban como parte
integral de una comunidad política.
En contextos como el guatemalteco,
«es imperativo concentrarse en
modificar las razones sociales
por las que la industria ilegal ha
crecido», para entonces aspirar a
cambios sustanciales (p. 32).
A
diferencia
de
épocas
anteriores, hoy por hoy, como ha
subrayado la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(Cepal, 2000, p. 20), es necesario
promover una perspectiva integral
de la ciudadanía, la cual debe
implicar un compromiso recíproco
entre el poder público y las personas.
Mientras que el primero debe respetar
la autonomía individual, permitir y
promover la participación política y
brindar, en forma consistente con el
desarrollo económico, posibilidades
de bienestar social y oportunidades
productivas; las segundas han de
contribuir con su participación en
el ámbito público, haciendo aportes
para enriquecerlo.
De acuerdo con O’Donnell
(1993), las varias formas de
discriminación y de pobreza
extendida, así como su contraparte,
la disparidad extrema en la
distribución de los recursos (no solo
económicos), van necesariamente
de la mano ‒cuando menos
empíricamente‒ con ciudadanías
de baja intensidad. ¿Puede, pues,
propiciarse tal articulación desde
el prohibicionismo? ¿Acaso el
Estado no tiene como meta última
promover la vida, el ejercicio de los
derechos y su restitución? ¿Acaso la
democracia no tiene como horizonte
la búsqueda de igualdad, en vez del
truncamiento del desarrollo de lo
humano? Sin duda, como sostiene
Almeida (2009), la democracia es
una promesa ético-política de futuro,
una práctica activa y constante; un
proceso continuo de participación
activa, directa y constante, del
demos o pueblo ciudadano; una