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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 89-110
Del Estado agresor al Estado humanizador
principios jurídicos de la Guatemala
contemporánea, marcada por la
desigualdad.
En suma, como ya concluyó
Collins (en London School of
Economics and Political Science,
2014), el sistema imperante para el
control internacional de las drogas
es incapaz de garantizar el acceso
a medicinas esenciales, por lo que
corresponde a las instituciones
nacionales y regionales el avanzar
unilateralmente hacia su abordaje.
Unas que sean pertinentes y
contextuales,
descentralizadas
de las oferta y alejadas de la
criminalización. Unas que hagan eco
del emergente consenso académico
sobre la necesidad de «avanzar hacia
la descriminalización del consumo
personal, junto con la provisión
efectiva de servicios sociales y de
salud» (p. 13).
Como subrayan Ramírez y
Youngers (2011), la responsabilidad
compartida internacional respecto
a las drogas ilícitas no puede ocultar
las realidades políticas, sociales y
culturales de cada región, Estado
y contexto; así como tampoco
pueden impedir el ensayo y
desarrollo de alternativas con miras
a reducir los daños y a garantizar
los derechos de los afectados por
el cultivo y producción de plantas
como la amapola. En concreto,
como subrayan las autoras, es
necesario perfilar para cada
contexto políticas efectivas, que
necesariamente se entrelazan con
la promoción de la gobernabilidad,
del Estado de derecho y del
desarrollo económico equitativo.
En el caso de Guatemala y otros
países con altos índices de pobreza
y desigualdad, la erradicación
de
amapola
tiene
efectos
efímeros, en tanto que no hay
alternativas económicas viables
para los agricultores afectados.
Del
mismo
modo,
tampoco
hay evidencias de impactos
suficientes en regiones donde se
han implementado proyectos de
desarrollo alternativo ‒los cuales
suelen estar orientados a la
disminución de la dependencia del
cultivo de amapola para opio‒, por
ejemplo, por parte de agricultores
pobres. En esta materia, por
ejemplo, el Gobierno boliviano
ha implementado una política de
racionalización de la coca, en vez
de su llana erradicación forzosa.
De hecho, tales esfuerzos son
complementados con el desarrollo
y la mejora de la infraestructura
en servicios básicos, por ejemplo,
en salud y educación.
De acuerdo con el Resumen
final de la V Conferencia
Latinoamericana sobre Políticas
de Drogas (2014), celebrada
en Costa Rica, los productores
de la región se opusieron a ser
considerados como criminales y
como ciudadanos negados. Lo