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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 89-110
Del Estado agresor al Estado humanizador
entrever el apalancamiento político
de bloques internacionales de poder.
Como expone dicha escuela, «se
creó una estructura de compromiso
oligopólico, la cual determinó a un
grupo de reconocidos productores
para cultivar amapola opiácea
destinada al mercado lícito global»
(p. 8), que se formalizó a través
de la Junta Internacional para la
Fiscalización de Estupefacientes
y la Convención Única de 1961.
Desde entonces, países como
Guatemala han seguido las pautas
lideradas por los Estados Unidos
de Norteamérica (EE. UU.) y el
consecuente marco integrado por
tratados y agencias del Sistema de
Naciones Unidas, por ejemplo.
Directrices centradas en la
criminalización y la reducción
de la oferta. Se trata, pues, de
la tradicionalmente denominada
«guerra contra las drogas», término
que data de 1969, cuando durante la
administración de Richard Nixon se
creó en EE. UU. una política interna
y externa que dio pie a la creación
de la Agencia de Administración de
Cumplimiento de Leyes sobre las
Drogas y, de especial interés para este
ensayo, de «acuerdos unilaterales
y bilaterales donde se pacta
ayuda económica, preferencias
arancelarias, cooperación logística
y transferencia de tecnología
de Estados Unidos hacia los
países productores, exportadores
y de tránsito de drogas»
2
(Matiz, 2013, p. 8).
Esta última afirmación es quizá
determinante en el peso de este
platillo, crucial en el equilibro de la
cruz toral, del cuerpo, de la balanza.
En este contexto, Guatemala y
otros países latinoamericanos
otrora alinearon sus leyes
antidrogas a tenor de la política
exterior estadounidense. Sin
embargo, hoy por hoy, tanto este
país centroamericano como otros
del subcontinente han puesto sobre
la mesa la necesidad de revisar
el paradigma prohibicionistas.
Ante la poca efectividad del
prohibicionismo para disminuir la
demanda de drogas ilícitas ‒en
los países de destino del tráfico‒,
y ante la inevitable transferencia
de proporción de sus costos a los
países productores y de tránsito,
hay una menor disposición por
parte de los últimos ‒entre ellos lo
latinoamericanos‒ a «hipotecar sus
intereses de seguridad nacional a
cambio de recibir financiamiento
parcial para implementar acciones
de reducción de la oferta» (p. 27).
Es el caso, por ejemplo, de
Colombia, en la administración del
2
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edu.co/Publicaciones/files/02.%20Matiz%20poli-
tica%20antidrogas.pdf