Francisco Alfredo Sapón Orellana
Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 89-110
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México y Afganistán ‒en 2012,
por ejemplo, se hubiesen podido
producir 6 toneladas métricas
mientras que Afganistán hubiesen
sido 4300 y en México unas 219‒;
en el que se ha aplicado una
política de despenalización de facto
durante los últimos años; y en el
que hay características geográficas
de producción ausentes o en
menor medida en otros países del
istmo centroamericano (Comisión
Nacional para la Reforma de
la Política de Drogas, 2014).
En este lado de la balanza, pues,
se consolida la necesidad de
garantizar el abastecimiento de
medicamentos a los servicios
sociales y de salud, a través
de regulaciones contextuales,
diversificadas e incardinadas al
bienestar, al ser humano; tema
central de este ensayo.
El platillo del extremo derecho,
el más pesado a la fecha, soporta
al
paradigma
prohibicionista.
Grosso modo, este consiste en la
prohibición estatal de la producción,
tráfico, posesión y consumo de
drogas. Supone penalizaciones,
data de poco más de cien años
e implica «una forma única de
control aplicable a todas las
sociedades: estrategias orientadas
a la reducción de la oferta y de
la demanda en la producción
de drogas» (Thoumi, citado
por CNPRPD, 2014). El modelo
es cohesionado por una frágil
hipótesis: a menos oferta de drogas
ilícitas y a precios más elevados,
menor será tanto su consumo
como los costos que asumen los
países consumidores. Se trata de
una concepción quebradiza del
cultivo, producción y consumo, por
dos factores. Primero, no todas
las drogas tipificadas como ilícitas
tienen usos ilícitos, como en el
caso de la amapola para opio.
Segundo, ni la producción, ni la
oferta y ni el consumo mundial han
mermado tras la implementación
de implacables medidas
represivas, las cuales requieren
cuantiosos recursos y son eludidas
a través de sofisticadas redes de
narcotraficantes o cárteles de la
droga.
Como señala la London School
of Economics and Political Science
(2014, p. 8), en esencia, el
sistema global «estimula políticas
que transfieren los costos de
la prohibición hacia países más
pobres de producción y tránsito»,
de modo que se trata de un «un
medio ineficaz e insostenible para
controlar las drogas en el largo
plazo».
Sin embargo, su fragilidad
es inherente a la función del
transparente cristal, que deja