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Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 89-110
Del Estado agresor al Estado humanizador
para garantizar la vida digna y
capaz de generar desarrollo en
territorios otrora abandonados
por el Estado, lo que debe hacer
el Estado es controlar su uso
indebido o descontrolado y sus
peligros asociados. Hoy por hoy,
en América Latina se pondera más
y más la necesidad de plantear
un cambio paradigmático. En vez
de un modelo prohibicionista, se
discute un modelo que descansa en
tres principios: «Tratar el consumo
de drogas como una cuestión de
salud pública; Reducir el consumo
mediante acciones de información
y prevención; Focalizar la represión
sobre el crimen organizado»
(Comisión Nacional para la Reforma
de la Política de Drogas, CNPRPD,
2014, p. 14).
Revisemos, pues, el contenido
en los platillos que penden de la
balanza y que han comenzado a
sacar al abrazo de su letargo. En uno
‒el izquierdo‒ impera la necesidad
de priorizar el acceso adecuado a
sustancias controladas, con fines
médicos y científicos. En el otro
‒el derecho‒, la instrumentalización
política del modelo prohibicionista.
En el extremo izquierdo de la
balanza hay cinco oportunidades:
a) zanjar la brecha en la distribución
de drogas para fines médicos en
el mercado interno, que favorece
mayoritariamente a un grupo de
países industrializados; b) reducir
el impacto social derivado tanto
de la criminalización como del
encarcelamiento de pequeños
cultivadores de amapola con pocas
alternativas de acceso a fuentes
rentables de trabajo y alternativas
de empleabilidad en San Marcos,
Huehuetenango y Quetzaltenango
‒departamentos en donde las
autoridades han reportado que se
cultiva amapola (CNPRPD, 2014)‒;
c) mejorar cualitativamente la
seguridad pública respecto al acceso
a medicamentos para aliviar el dolor
‒a la fecha onerosos y abastecidos
por
mercados
extranjeros‒;
d) obtener recursos a través de su
mercado regulado, estrictamente
con fines medicinales (por ejemplo,
para la producción de morfina,
codeína, tebaína, hidrocodona,
oxicodona
y
metadona);
e) implementar un proyecto piloto
en tal materia, que permita incidir
en su regularización internacional
(Fundación Beckley, ed., 2015).
Esto, en un contexto en el que ni
la producción ni el consumo interno
de drogas ilícitas constituyen un
problema público, a diferencia de
la violencia vinculada a su trasiego
(Colussi, 2013).
En un territorio en el que la
producción potencial de opio es
ínfima respecto de países como