Francisco Alfredo Sapón Orellana
Espacios Políticos, año X, número 16, noviembre de 2017, pp. 89-110
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ilegales hacia el norte. En un país
en el que el crimen organizado
está involucrado en el cultivo
de marihuana y de amapola, así
como en «el tráfico de personas, el
secuestro, la extorsión, el lavado de
dinero, el contrabando de armas,
redes de adopción ilegal, ecotráfico,
y otras actividades ilegales».
En Guatemala, la génesis del
cultivo de amapola se remonta a la
década de 1970. Su cultivo se ha
concentrado en los departamentos
de San Marcos y Huehuetenango;
y recientemente se ha extendido a
Quetzaltenango (CNPRPD, 2014).
Grosso modo, como expone más
adelante, entre 1996 y 2014 se
han incautado más de 3 365 337
836 matas. En San Marcos, por
ejemplo, hay más de 21 aldeas
dedicadas principalmente a su
cultivo, con el objetivo de vender
el látex ‒del cual se extrae opio‒
a narcotraficantes mexicanos,
quienes lo emplean para producir
heroína (de León, 2013).
A la fecha, a nivel
mundial, el opio tiene dos usos:
a) la producción de analgésicos
y la investigación científica; y
b) la derivación de sustancias que
pueden generar adicción, alterar
las funciones cerebrales y, en caso
de sobredosis, provocar la muerte.
La ruta trazada en el istmo
centroamericano respecto al cultivo
y producción de amapola, de modo
especial por Estados Unidos, se
bifurcó explícitamente alrededor
de 2010, dada la difusión mundial
de evidencias sobre los altísimos
costos e ineficiencia de la mayoría
de las políticas estrictamente
prohibicionistas ‒que castiga y
criminaliza todas las conductas
asociadas a la producción, tráfico
y consumo de cualquier sustancia,
hoy por hoy considerada ilícita‒,
y de la relación directamente
proporcional entre las drogas, la
violencia y el crimen organizado.
Si bien durante las últimas
décadas no se han cuestionado
los criterios prohibicionistas de la
legislación internacional en materia
de drogas ‒que se operativizan a
través del arresto, el procesamiento
judicial y el encarcelamiento‒,
recientemente se ha incrementado
la renuencia a su aplicación acrítica
por parte de algunos gobiernos
latinoamericanos, como evidencian
Mejía y Restrepo (en London
School of Economics and Political
Science, 2014). Sobre todo, a
las puertas de la Sesión Especial
de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre Drogas,
que se realizó en 2016 ‒tres años
antes de la fecha prevista, ante las
exhortaciones de los presidentes