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Revista Espacios Políticos
El financiamiento electoral se
convierte en un factor de riesgo para
la autonomía del sistema político.
La función primordial de un partido
político es ser intermediario entre la
sociedad civil y la sociedad política para
canalizar las demandas populares. Por
ello, se necesitan leyes que regulen
el comportamiento de los partidos
políticos no solo durante la campaña
electoral sino en el transcurso del
ejercicio del poder político para evitar
la compra de prebendas, privilegios
y decisiones públicas que atenten
el bienestar común. Sin embargo,
como bien lo anotan Casas y Zovatto
(2011), el sistema de financiamiento
político presenta varias amenazas,
entre las cuales se pueden mencionar
las siguientes:
• Alta dependencia de los capitales
privados para financiar campañas.
• Amplia disponibilidad de fuentes
de dinero ilegítimo para financiar
campañas.
• Aumento de partidos franquicia.
• Eventual adopción de un enfoque
legislativo prohibicionista del fi-
nanciamiento privado y excesiva-
mente limitador de las contribu-
ciones y gastos electorales, cuya
aplicación no sea realista”, (p.
211).
En el informe de la Cicig (2015)
se cita a Casas y Zovatto (2011) y
se presentan cinco modalidades de
riesgo en el financiamiento privado
de la política:
• Utilización de financiamiento
espurio o ilegal, principalmente
proveniente del crimen
organizado, que busca penetrar
las instituciones políticas para
comprar impunidad mediante el
financiamiento de campañas.
• Compra de influencia y conflictos
de interés privilegiando los
intereses privados antes que los
públicos.
• Inequidades electorales graves.
• La desarticulación de los partidos
y del sistema de partidos.
• Pérdida de credibilidad de la
regulación del financiamiento
político, (pp. 21-27).
Actualmente existe el
debate acerca de las reformas
al financiamiento de los partidos
políticos. Hay quienes consideran que
son reformas de segunda generación o
bien producto de escándalos públicos
y que, por lo mismo, la aprobación
de reformas más rígidas no garantiza
su aplicación. (Casas y Zovatto 2011,
pp. 223-224).
Para garantizar la transparencia
y luchar contra la corrupción política
se hace indispensable fiscalizar los
ingresos y egresos de los partidos
políticos durante la contienda electoral