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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
para obtener beneficios de corto
y largo plazo, principalmente
de naturaleza económica, en
detrimento del interés público.
(en Hellman, Jones y Kaufmann,,
2000). Compañías y grupos
económicos, individuos legales o
ilegales que están fuera del Estado
usan el soborno para influir en las
estructuras legales y regulatorias
de un Estado, principalmente para
obtener beneficios económicos,
(ídem p. 35).
Los casos registrados y
mencionados anteriormente en
Guatemala,
son
ejemplos
del
financiamiento de la política, que
proviene de élites empresariales,
proveedores del Estado y crimen
organizado, el narcotráfico, sectores
que han impulsado procesos de
captura instrumental de partidos
políticos, desarrollado redes sociales
legales e ilegales, privadas y
públicas y que por el alto índice de
corrupción y la debilidad institucional,
generando como efecto procesos de
Captura del Estado y Reconfiguración
Cooptada del Estado en un esquema
de arriba hacia abajo, de alto nivel
político; obteniendo no solo beneficio
económico, sino penal e incluso de
legitimación social.
Todo esto ha provocado un mayor
debilitamiento de las instituciones
democráticas del Estado gracias a la
conducción, desde el Ejecutivo, de
redes criminales con la intervención
del presidente de la República,
vicepresidenta y secretarios privados.
Entre las instituciones y dependencias
estatales más afectadas por la
corrupción podemos mencionar
el sistema aduanero, puertos,
aeropuertos, la Superintendencia
de Administración Tributaria -SAT-
, Superintendencia de Bancos –
SIB-, Intendencia de Verificación
Especial -IVE-, Bancos nacionales e
internacionales (Banco de Guatemala,
Crédito Hipotecario Nacional), el
mismo Congreso de la República, el
Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social –IGSS-, el Ministerio de Salud
y Asistencia Social y el Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda, el Fondo Nacional para la
Paz −FONAPAZ−, las Municipalidades,
la Policía Nacional Civil y el Sistema
Penitenciario.
Por su parte, el Ministerio Público,
bajo la dirección de Claudia Paz y Paz,
en un primer momento, y de Thelma
Aldana, en un segundo momento
hasta hoy, ha impulsado procesos
de investigación contundentes con
el apoyo de la Cicig y del Organismo
Judicial. De esta forma se llegó,
incluso, a dar trámite al antejuicio
de la vicepresidenta y, pocos días
después, al antejuicio del presidente
de la República, varios diputados y
jueces. La Contraloría General de
Cuentas puso su grano de arena para
al dar respaldo a las investigaciones
planteadas y al impulsar la propuesta
de reforma a la Ley de Compras y
Contrataciones del Estado.