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Revista Espacios Políticos
Se han documentado vínculos
entre grupos del narcotráfico y políticos
locales en muchos departamentos
del país, principalmente en las zonas
fronterizas, relacionados, a su vez,
con empresas constructoras y redes
negociantes de la salud, que a través
de sobornos y financiamiento en la
política se benefician de designación
de obra pública.
A través del financiamiento
político las estructuras criminales
buscan ocupar posiciones clave
en el Estado para diversificar sus
negocios y el control o influencia
en la institucionalidad de seguridad
y justicia. Lo anterior les permite
tener acceso a asignación de obra
pública, lavar dinero e influir en los
nombramientos de funcionarios de
seguridad y justicia.
Por tanto, los funcionarios electos
responden más a sus financistas
que a sus electores. Los fondos
provienen de corrupción y estructuras
criminales.
En Guatemala el Estado es débil,
frágil por la existencia de estructuras,
redes sociales que han cooptado al
Estado y que tienen su origen en
el financiamiento de las campañas
electorales, las cuales se incrustan
en las instituciones del Estado para
obtener
beneficios
particulares,
desvirtuando la administración de
la cuestión pública, lo que causa un
impacto negativo en el gasto público
y en la implementación de políticas
públicas indispensables para el país.
Estas estructuras han debilitado
las instituciones y ponen en riesgo el
sistema democrático; tal es el caso
en Guatemala de la red de crimen
organizado denominada “la línea”,
cuyo objetivo fue la defraudación
fiscal en las aduanas, apropiándose
ilícitamente de recursos del Estado,
para el enriquecimiento ilícito de
funcionarios públicos, a un alto nivel
político.
Por tanto, se registra la pérdida
de credibilidad y legitimidad no
solo en los políticos y funcionarios
públicos, sino en la institucionalidad,
en las instancias que administran
justicia y como consecuencia
erosiona el Estado de Derecho por la
corrupción e impunidad por parte de
estructuras de políticos, empresarios
y el narcotráfico. Aunado a que se
cuestiona el sistema de pesos y
contrapesos de la forma de gobierno,
se cuestiona el sistema democrático.
Tal y como lo establece
Rivera (2011), “se penetra el
sistema político, al financiar las
organizaciones criminales, campañas
políticas, candidaturas a alcaldías
y diputaciones y, en algunos casos,
hasta candidaturas presidenciales,
con el objetivo de mantener
relaciones de poder que les asegure
impunidad”,(p.18).
Y lo cito, en extenso:
Entre las principales actividades
del crimen organizado se
identifican la narcoactividad,
el tráfico ilegal de migrantes y