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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
propuesto por el Dr. Iván Velásquez
de la Cicig. Ya que sin recursos las
instituciones no se desarrollan.
Según María Silvia Guillen, “la
criminalidad organizada tiene que
tener la protección del poder político
y del poder económico”, (en CAD-
IDHUCA 2011, p. 14). Por tanto, el
estado de derecho se afecta por
la falta de transparencia, el tráfico
de influencias y la incapacidad
institucional. Gustavo Porras Castejón
indica que Guatemala “es un Estado
sin autoridad, la debilidad del Estado
es la fortaleza de los poderes fácticos”.
(Ibid, 2011 p.23).
La incidencia de los grupos
de poder económico en
Centroamérica
Centro América inicia a mediados
de los años ochenta procesos de
transición que provocan cambios
sustantivos de los paradigmas
que sustentan la institucionalidad
y funcionamiento del Estado:
i) El paso del autoritarismo a la
democracia, las elecciones como
mecanismos legitimadores de la
democracia, ii) De una economía
proteccionista, cerrada a una
economía abierta y liberalizada
inscrita en nuevos marcos
internacionales; iii) De un Estado
de bienestar “restringido” a un
Estado subsidiario; y iv) De la
guerra a la paz.
En suma, en 20 años, Centro
América, cambia de régimen
político, de modelo económico,
de modelo de Estado, y de la
forma de resolución de disputas o
contradicciones sociales (en CAD-
IDHUCA 2,011 p.36).
En la década de los 80 la región
centroamericana registró la década
perdida. El agotamiento del modelo
de industrialización en la región
para la sustitución de importaciones
enfrentó dos problemas sustantivos:
el conflicto armado interno y la deuda
externa.
El Consenso de Washington llevó
a la reducción del tamaño del Estado,
para que no intervenga en los asuntos
económicos; liberalizar el comercio e
insertarse al mercado internacional
de manera competitiva, a través
de bloques económicos, sumado
a las recetas o recomendaciones
de organismos financieros a nivel
internacional como la aplicación de
Programas de Ajuste Estructural
que provocaron reducción del gasto
público, de las inversiones en salud,
educación, vivienda, provocando
disminución de fuentes de trabajo,
desempleo y, por ende, disminución
del nivel de ingreso de la población.
Dichas acciones se complemen-
taron con procesos de privatización
de activos del Estado, recursos es-
tratégicos como telecomunicaciones,