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Revista Espacios Políticos
asuntos, el descalabro financiero en
el que se ha hecho caer al país.
Ninguna solución se puede
promover ni enfrentar de manera
aislada. Por lo tanto, el gobernante
recién electo debe ser, en primera
instancia, un estadista capaz de
convocar a un frente político con
amplia representación para asegurar
la estabilidad política, jurídica y
económica de la nación. Para ello
necesita contar con el concurso
de las principales fuerzas políticas
y económicas de la sociedad y
emprender, de manera unida, un
buen proyecto de gobierno.
Lo anterior permitirá fomentar
y promover la participación y
movilización de los diferentes sectores
que conforman la población en los
problemas políticos, económicos y
sociales. Por ende, es indispensable
el empoderamiento de la ciudadanía
que permita construir una auditoría
social o fiscalización permanente,
por cuanto el sujeto principal de la
democracia son los ciudadanos; la
soberanía reside en el ciudadano y no
en los partidos políticos, tampoco en
exmilitares, contratistas del Estado
y el narcotráfico. La soberanía es
intransferible, el pueblo es el único
titular.
Es indispensable, entonces,
ejercer control social permanente para
poder evaluar, depurar y controlar
de manera eficiente la gestión
pública y el desempeño de quienes
ocupan cargos públicos. De allí la
importancia de las organizaciones y
movimientos sociales que a través
de su participación permanente,
denuncias, movilizaciones, marchas
y protestas pacíficas permitan ejercer
control social en los gobernantes y
en las instituciones para garantizar y
evitar el abuso de autoridad por parte
funcionarios públicos y se ejerza
presión social para que el Congreso
de la República proceda a aprobar con
urgencia nacional las Reformas para el
Fortalecimiento del Régimen Político
Electoral del Estado de Guatemala, el
cual contiene modificaciones a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos, a la Ley
de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad. Este instrumento
permitirá avanzar en el proceso
de regulación y fiscalización del
financiamiento público y privado de las
organizaciones políticas, fortalecer el
régimen de sanciones más efectivas y
el acceso a medios de comunicación.
Lo anterior permitiría una mayor
transparencia. Es necesaria, además,
la aprobación a la Ley de Compras
y Contrataciones del Estado, que
prohíbe que los funcionarios públicos
sean contratistas del Estado y la
aprobación de un impuesto temporal
que deben aportar los más ricos del
país por solidaridad, para fortalecer
la justicia y el Ministerio Público