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Revista Espacios Políticos
En el contexto nacional, los
marcos regulatorios existentes están
de alguna muy estrecha forma,
ligados e inspirados en la Convención
Única de las Naciones Unidas sobre
Estupefacientes (1961), el Convenio
Sobre sustancias Psicotrópicas de
1971 (y su protocolos de 1972)
y la Convención de las Naciones
Unidas Contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas
de
1988.
Estos
instrumentos, además de otra serie de
protocolos y legislación internacional
inherente al tema de las drogas y su
carácter punitivo, han servido de base
para el ordenamiento jurídico interno,
para lo cual se establecieron:
1. La Ley Contra la Narcoactividad
de 1992, (Decreto 48-92).
2. El Plan Nacional Antidrogas (1999-
2003).
3. La Estrategia Nacional Contra las
Drogas 2004-2008.
4. La Política Nacional Contra las
Drogas y el Tráfico Ilícito de
Drogas (2009).
5. Reglamento de la CCATID (decreto
95-2012), misma que se creaba
desde la misma Ley Contra la
Narcoactividad.
Existen igualmente algunos
instrumentos bilaterales y/o regionales
que forman parte de nuestro
ordenamiento jurídico y que, como
se verá, apuntan más al combate
y erradicación de las drogas que a
búsquedas alternativas de desarrollo
económico legalizado. Entre estos
podemos mencionar:
1. Acuerdo de Cooperación Regional
para la Erradicación del Tráfico
Ilícito de las Drogas, 1990.
2. Convenio Constitutivo de la
Comisión Centroamericana
Permanente para la Erradicación
de la Producción, Tráfico, Consumo
y Uso Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas Suscrito
entre las Repúblicas de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua
y Panamá en 1993.
3. Convenio entre Centroamérica
y República Dominicana para la
Prevención y la Represión de los
Delitos de Lavado de Dinero y
de Activos, Relacionados con el
Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos
Conexos, 1997.
4. Convenio para FY 1997, para la
prevención del uso de narcóticos
en Guatemala, con el Gobierno de
los EEUU de América, 1999.