59
Revista Espacios Políticos
estaba dependiente del opio - lo que
significó la mayor epidemia por el
abuso de drogas enfrentado por un
país en la historia.
Desde las primeras estrategias
de control, a raíz de la diversificación
de las drogas y el aumento de la
capacidad de síntesis de narcóticos
y sustancias psicotrópicas, ya en
el ámbito de la Organización de las
Naciones Unidas, los países firmaron
las tres convenciones en materia de
drogas que hoy componen el marco
legal para todos los países signatarios.
La lucha contra las drogas y su
prohibición mundial parecen haber
fracasado, en cuanto al cumplimiento
de los objetivos declarados desde
su origen y por el efecto prohibitivo
que generaron los incontrolables
problemas sociales y de salud. Por
ello es que, hoy por hoy, hay políticas
alternativas en el contexto de la salud
y la seguridad de comunidades
5
.
En el contexto internacional,
dado el propósito de establecer
5 A este respecto, consultar el Informe de la Fun-
dación Beckley para Guatemala (2014). La guerra
contra las drogas es un fracaso. Ending de Drugs
War (2014). Asumiendo el Control: Caminos ha-
cia Políticas de Drogas Eficaces. Hugo Cabieses
(2010) Anatomía de un Fracaso Anunciado, caso
Perú. OPS-SSA-BMA (2010) La Política de Drogas
y el Bien Público. OEA (2013). El Problema de las
Drogas en las Américas. Todos estos, entre mu-
chos otros artículos, documentos, informes etc.
un control asiduo de las drogas, se
pueden definir dos objetivos básicos:
1. Asegurar el acceso a las drogas
con fines científicos y medicinales
(sobre todo para aliviar ciertos
males y dolores extremos).
2. Prohibir el acceso a ciertas drogas
para otros usos.
Estos dos objetivos, tanto el de
luchar contra la producción ilícita de
las drogas como el de proteger la
‘salud y bienestar de la humanidad’,
han dado lugar, desde la década de
1960 y en repetidas ocasiones, a la
intervención de diversos regímenes
y a la implementación de políticas de
seguridad y control. No obstante, dicho
intervencionismo e implementación
legal se han reducido básicamente
a la persecución y posterior
penalización de las personas que se
ven involucradas en la producción,
venta o consumo de drogas, dejando
por un lado los aspectos estructurales
y de fondo que causan dichos ilícitos.
Tras casi 56 años de este sistema
fallido de penalización, actualmente
abunda la evidencia que indica que no
solo ha fracasado en el cumplimiento
de sus propios objetivos, sino que
generó graves problemas sociales y
para la salud, en cuanto a alternativas