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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
drogas ilegales. Sin embargo, estas
normativas han tenido como efecto
negativo el encarcelar más que todo
a los pequeños consumidores, en su
mayoría jóvenes, que son enviados
a prisión por el delito de posesión
para el consumo y que incluso en
muchos países ha sido utilizado por
policías corruptos para coaccionar
a los jóvenes que pagan cualquier
cantidad de dinero para evitar que
se les “plante” tan solo un cigarrillo
de marihuana y no ser enviados a
prisión. El problema entonces se
agrava ya que quienes no pueden
pagar estas extorsiones o “mordidas”,
sí son enviados a prisión, lo que
significa que, de nuevo, las personas
más jóvenes y más pobres son las
que sufren más el peso de la ley.
Hoy en día tenemos más presos, más
cárceles, pero, paradójicamente, más
consumo, más tráfico ilícito y encima
de eso, más violencia. Esta postura,
entonces, es una clara violación a los
derechos humanos de los habitantes
del mundo, pese a que cada día es más
la presión para que sea modificada.
El tercer elemento de este In-
forme –y otros más recientes- es
que deben retomarse los objetivos
principales de las convenciones in-
ternacionales en materia de control
y fiscalización de drogas, ya que se
ha tomado la Convención de 1988
como base fundamental para la cons-
trucción de las políticas actuales, por
considerar que esta hace referencia
de manera más explícita al tráfico ilí-
cito y a los decomisos de drogas en
el mundo. Sin embargo, al priorizar
lo estipulado en dicha Convención,
se han dejado en un segundo plano
los objetivos de las Convenciones de
1961 y 1971 que tenían como enfo-
que primordial el cuidado de la salud
pública y moral de la humanidad y
la reducción del uso de drogas como
prevención de la adicción a las mis-
mas. Este aspecto se ha descuidado
debido precisamente a que la mayor
parte de las decisiones políticas esta-
tales y recursos económicos destina-
dos a tratar el tema de las drogas ha
sido destinado a la compra de armas,
al incremento de fuerzas policiales y
militares, y a la construcción de cár-
celes de alta seguridad para resguar-
dar e, incluso, “proteger” a los pocos
narcotraficantes capturados.
Por último, el informe recoge la
visión –cada vez más generalizada- de
recuperar el objetivo de invertir más
recursos en programas preventivos,
en políticas de salud pública y en las
instituciones dedicadas al tratamiento
de adicciones y recuperación de
personas con problemas de adicción
a las drogas, a efecto de reducir los
costos sociales y morales provocadas
por este problema.
Sin embargo, esta “nueva”
posición no ha sido bien acogida por
aquellos gobiernos que promueven
la visión prohibicionista; muchos
Estados, a pesar de saber que debe
modificarse la forma de enfrentar