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Revista Espacios Políticos
parecido de bandas criminales
urbanas a las que se denomina
de manera eufemística ‘bacrim’,
siguen manteniendo en pie el
negocio de la violencia. Como en
el mito de la hidra de Lerma, a
la que le cortaban una cabeza y
salían dos hasta el punto de que
se decía que la única forma de
matarla era cortando la cabeza y
cicatrizando de forma inmediata
la herida, en Colombia no hemos
conseguido aún cicatrizar las
heridas políticas y sociales que
nos ha dejado la hidra de las
drogas (Samper, 2014, p. 45).
3. Del modelo prohibicionista
a un paradigma regulatorio
basado en los derechos
humanos
La prolongada experiencia
fracasada del modelo prohibicionista
ha despertado crecientes inquietudes
en organizaciones sociales, entidades
académicas, grupos de estados
en el seno de las organizaciones
multilaterales, que empiezan a producir
estudios científicos, declaraciones
y propuestas de reforma al marco
institucional en el tratamiento de la
problemática mundial del tema de las
drogas, planteando la revisión de lo
establecido y proponiendo estudios a
fondo para, sobre bases científicas,
construir un paradigma que sea capaz
de afrontarla.
El paradigma por construir
debe basarse en fundamentos
científicos sólidos, en función de las
más caras aspiraciones humanas,
por lo que la plena vigencia de los
derechos humanos debe privilegiarse
bajo un enfoque de salud pública,
esencialmente preventiva. Las
políticas, estrategias y acciones
deben respetar la soberanía y
autonomía de los pueblos en la
que las dinámicas globalizadoras
se equilibren con el respeto a la
cultura de las naciones, sociedades
y pueblos. Las acciones de seguridad
ciudadana se deberían enmarcar en
un concepto de seguridad humana,
en el respeto a la democracia y el
fortalecimiento de la institucionalidad
y el estado de derecho. Las acciones
bélicas, militaristas y represivas
deberían considerarse como prácticas
del pasado y las sanciones penales
deben graduarse de acuerdo a los
daños que socialmente se incurran y
a las dimensiones de la transgresión,
en cuyo caso las consecuencias del
tráfico ilícito en el mercado financiero
y en la corrupción, son posiblemente
las de mayor gravedad, en tanto
afectan profundamente la democracia.
Posiblemente, la legalización de las
drogas no podría ser un proceso
abrupto ni generalizado, sino más
bien acorde a múltiples variables
que la justifiquen, en una dimensión
integral con marcos regulatorios y
sancionatorios diferenciados.
Un nuevo paradigma debería
reducir la incidencia de los grandes
monopolios farmacéuticos mundiales,
en la producción de las drogas,
en tanto sus intereses afectan las
decisiones de gobiernos y de los
organismos multilaterales.
El debate ha sido abierto y en
todo caso, ello es un buen signo