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Revista Espacios Políticos
Las Verapaces; desde El Salvador por
Ciudad Pedro de Alvarado hacia Jutiapa
y la zona central en ciudad capital y
el altiplano occidental; y por Ciudad
Pedro de Alvarado-Moyuta y toda la
ruta de la costa del Pacífico, donde
los ingresos por mar son al Puerto
Quetzal y otras zonas portuarias más
cercanas a México (Gutiérrez, 2013,
pp. 187-188 y 198).
El trayecto terrestre ha generado
un incremento de la compra, control
y amenaza de fuerzas policiales y
castrenses, así como de alcaldes,
autoridades municipales y diputados
distritales y, en el sistema judicial,
de jueces y fiscales. Este control se
ejerce también sobre la sociedad
mediante la creación y/o cooptación
de iglesias neopentecostales.
Los cambios en las prácticas del
narcotráfico han obligado, asimismo,
a proveer almacenamiento en ruta
hacia México, lo que ha venido
acompañado de construcciones y
empresas de fachada, inversiones
en economía legal, empresas de
transporte, gasolineras, operaciones
de lavado en la banca privada
14
y
14 El caso del salvadoreño Llort Quiteño, captu-
rado y enjuiciado en los Estados Unidos por ope-
raciones de lavado, da indicios de la penetración
de la banca privada por operaciones del narco-
tráfico, pues él llegó a ser presidente del Crédito
Hipotecario Nacional (2000-2003), donde ejecutó
varias operaciones de lavado del narcotráfico. Los
bancos Promotor y Empresarial fueron vinculados
también a estas operaciones y fueron clausura-
dos (Gutiérrez y Méndez, en Garay y Salcedo-Al-
barán, 2012, pp. 116-120).
en pequeñas empresas o grandes
inversiones en sectas religiosas
transnacionales, centros comerciales,
almacenes y medios de comunicación
locales (radios y empresas de
transmisión de televisión por cable)
(Gutiérrez, 2013, pp. 184-205).
Las otras consecuencias de las
nuevas dinámicas y relaciones de los
cárteles y sus propias diferencias al
competir por el trasiego de drogas y
el gran negocio que este representa,
contribuye de forma relevante al
clima de violencia por el control de
rutas y territorios, por las operaciones
de “tumbe” (robo de droga por parte
de autoridades policiales y/o de
otros cárteles). Se calcula que 40 %
de los homicidios tiene este origen
(Gutiérrez y Méndez, en Garay y
Salcedo-Albarán, 2012, pp. 119-124).
Llama la atención que si bien buena
parte de los hechos de violencia puede
vincularse a las zonas de operación
del narcotráfico, el comportamiento
de las tasas de homicidio se diferencia
en las distintas fronteras, siendo que
las tasa más altas se concentran en la
zona fronteriza oriental y nororiental
(con El Salvador y Honduras), así
como en la costa sur, mientras que
en la zona fronteriza occidental
y noroccidental (con México) las
tasas son relativamente bajas (13
a 15 homicidios por cada 100 mil
habitantes) (Crisis Group, 2014, pp.
2-4)
15
.
15 Un análisis de las cifras por municipio confirma
este dato, salvo en el caso notorio del municipio
Melchor de Mencos, del departamento de Petén
y limítrofe con la zona de adyacencia con Belice,