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Revista Espacios Políticos
bloque de países más ricos del norte
y los organismos que los identifican
desde su expresión económica
como el G8 o desde la militar como
la OTAN. El involucramiento en
la política antidroga de Estados
Unidos implica una dimensión bélica
bajo el liderazgo del ministerio de
defensa, el Pentágono, los servicios
de inteligencia y los departamentos
policiales de control de drogas. En
esta dimensión el multilateralismo
es totalmente rebasado por las
relaciones bilaterales directas de los
Estados Unidos con los gobiernos
de los países afectados en la
producción y tránsito de drogas a
nivel mundial.
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12 “El pensamiento prohibicionista norteameri-
cano recuperó, en el segundo mandato de Clin-
ton, por la fuerte presión republicana, que ahora
tenía mayorías congresionales, los fundamentos
motivacionales de la vieja declaratoria de gue-
rra de Nixon contra las drogas. Si la droga era
un crimen —se preguntaban los prohibicionistas
radicales— ¿se podía negociar con los crimina-
les?, ¿qué tipo de concesiones legales se podía
hacer a los delincuentes, cuando el deber de las
autoridades era defender los derechos de “mayo-
ría moral” a imponer sus normas de vida y cul-
tura a los buenos ciudadanos? La concepción de
la prohibición estaba mucho más sintonizada con
las aspiraciones hegemónicas estadounidenses
que defendían los republicanos porque permitía
que Washington trasladara la guerra a Turquía,
Afganistán y Colombia, países considerados obje-
tivos geoestratégicos de la política de seguridad
internacional de Estados Unidos. […]Después de
los hechos del 11 de septiembre, se impuso la
línea dura, respaldada por más de las dos terce-
ras partes de los norteamericanos, que asocian
las drogas al terrorismo. Reagan y Bush ya ha-
bían dado especial énfasis a la parte operativa de
la lucha contra las drogas. En 1990 existían en
Estados Unidos más de 3.050 agentes y por lo
menos 15 agencias públicas involucradas en su
combate, empezando por la DEA, el FBI, Aduanas
y la Guardia Nacional. Diecisiete años después,
En América Latina, el regiona-
lismo de corte neoliberal impulsa-
do por el consenso de Washington
para promover el libre mercado y la
limitación del papel del Estado, la li-
bre circulación de mercancías y las
reducciones arancelarias, con el fin
de privilegiar el crecimiento econó-
mico, fracasó junto con los diver-
sos tratados de libre comercio y las
espirales ascendentes de las crisis
económicas y financieras de Estados
y regiones (Céspedes, 2012 y Sana-
húja, 2008). Estas crisis devinieron
en ingobernabilidad, rebeliones y
movimientos nacionalistas, de don-
de surgieron regímenes de izquier-
da con iniciativas novedosas, entre
ellas las de un regionalismo poslibe-
ral basado en el desarrollo y la equi-
dad, antes que en “libre comercio”
(Briceño, 2014, p. 28). En palabras
de Riggirozzi,
…el regionalismo poshegemónico
se caracterizaría por ofrecer varios
caminos para la construcción de la
gobernanza regional, más allá del
comercio o del enfrentamiento con
Estados Unidos. Se trataría, en vez
de ello, de un complejo proceso
solamente la DEA aceptaba contar con 10.759
funcionarios. La competencia de estas agencias
encargadas de la interdicción de las drogas por
los recursos nacionales y federales que alimentan
la estrategia represiva ha sido uno de los princi-
pales problemas que se atraviesan en el camino
de construir una política alternativa porque los
menos interesados en que la guerra termine son
los miles de agentes y policías que viven de ella”
(Samper, 2013, pp. 87-88).