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Revista Espacios Políticos
greso y las Cortes su principal ejem-
plo. Existen diputados que han estado
en el Congreso desde 1985, situación
que permite la actual Ley de Partidos
Políticos y las elecciones por listado,
no por personas. El transfuguismo –
o cambio de un partido político a otro
– es la condición sine qua non de un
régimen electoral que promueve ope-
radores políticos dentro de redes de
clientelismo definidas históricamen-
te. Para comprender este fenómeno
es dable preguntarse: ¿qué continui-
dades subsisten en la diferencia de
partido gobernante? ¿qué diferencias
y novedades se dan dentro de un
mismo partido? De hecho, el régimen
procedimental surgido de 1985 es la
confirmación de una forma estatal
basada en: a) privilegios gremiales y
personalistas, heredados de una eco-
nomía finquera, siendo su punto de
unidad histórica la Contrarrevolución
de 1954, b) la subordinación de la
“cosa pública” al privilegio estamen-
tal, lo cual se muestra en la política
fiscal oligarca y el impedimento de
una mediación ciudadana-salarial,
c) la complejización de esta particu-
lar forma a partir de la competencia
mercantil, evidenciada en una cre-
ciente pérdida de las élites tradicio-
nales sobre la administración estatal,
siendo el dinero del narcotráfico y de
las comunicaciones (e. i. telefonía) un
disgregador del monopolio oligarca
2
.
2 Sin duda René Zavaleta es el sociológo latinoa-
mericano que mejor captó la diferencia de la for-
Arzú y los Acuerdos de Paz deben,
entonces, entenderse como el modelo
de reconfiguración estatal-mercantil.
Los Acuerdos serían el trampolín
de la oligarquía para ingresar – de
nuevo – al mercado internacional vía
la diversificación. El armisticio con
las guerrillas institucionalizadas de
1996 le permitió generar la idea de
un Estado de reconciliación, muy en
la línea del getting back to business
once again. Estados Unidos y la
Comunidad Internacional apoyaron
este proceso donde, de nueva cuenta,
el Estado seguiría extrañándose de la
población en tanto no-ciudadana en
contenido, siendo su forma solamente
la recipiendaria del voto, a su vez,
enajenable por redes de dinero. Cada
nueva relación o mediación estatal
oculta entonces la lucha constitutiva
en su seno. De hecho, el surgimiento
de las bolsas de productos de primera
necesidad con Berger
3
– llamadas
“solidarias” bajo UNE y “seguras”
bajo Patriota – oscurece toda una
estrategia de expropiación y de
mantener en la miseria a – como dicen
ma estatal oligarca y de racionalización capitalis-
ta. En sus escritos figura la categoría de Estado
aparente y Estado en forma para describir la di-
ferencia entre el proceso de expansión del Estado
chileno versus los tradicionales y aún coloniales
Estados peruano y boliviano. Zavaleta (1986)
brinda una novedosa interpretación del Estado
desde textos de Weber y Gramsci, partiendo de
la teoría de la forma valor en Marx.
3 Para el caso de los desalojos de comunidades
q’eqchi’es en Alta Verapaz, Gutiérrez (2015) cap-
ta con agudeza esta interrelación entre la dádiva
estatal y la violencia con la que mantiene las con-
diciones de hambre en el país.