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Revista Espacios Políticos
Se trataba de una reconversión de
la apropiación oligárquica en una de
nuevas oportunidades productivas y
mercantiles. Para esto, el horizonte
siguió siendo el Consenso de
Washington y toda una nueva ola por
privatizar los bienes del Estado. En
este sentido, durante los Gobiernos
de Berger y Colom, los capitales se
expandieron en términos territoriales
y de intensidad productiva. En su
conjunto, fue todo un movimiento
donde el dinero fue utilizado
para cimentar las condiciones de
apropiación del capital. Dos fueron
los motores de esta forma. Uno,
promover la dinerización de las
relaciones sociales con el sucesivo
resquebrajamiento de la organización
social. Y dos, las empresas – mineras,
de palma africana, hidroeléctricas
– invirtieron en hacerse de los
gobiernos municipales mientras, a la
vez, eran apoyados por el Estado en
términos de exención de impuestos,
mecanismos jurídicos y persecución
penal.
Para entender el régimen
“democrático” post-Acuerdos de Paz
es, por lo tanto, necesario señalar las
bases de la reproducción del capital.
Lo que caracterizó este periodo fue
el crecimiento en la interrelación
entre partidos políticos y dinero. El
nexo entre ambos es la posibilidad
de apropiación de plusvalor social, la
cual está distribuida dependiendo de
las características y oportunidades de
negocios en cada región geográfica-
poblacional. Esto se puede ver
desde tres procesos mutuamente
integrados. Uno, el dinero como
compra de voluntades y lealtades
partidistas en regiones de enorme
pobreza. Dos, el dinero como forma
contractual de lo político, tanto a
nivel del capital con su “operador
partidista”, como en la relación entre
partidos políticos y comunidades
específicas. Tres, el dinero como una
forma de contrainsurgencia y división
social para imponer núcleos de
explotación y acumulación capitalista.
De manera inversa, este proceso
de dinerización se convirtió en la
expresión local de cada partido
político. Uno, el partido político como
agrupación que concentra y distribuye
el capital acumulado. De allí que
su proceso constitutivo sea per se
comercial: la opción política como
mercancía. Dos, el partido político
como contratista de voluntades
sociales, es decir, se posiciona como
jefe o dirigente de las redes sociales
subordinadas mediante el mecanismo
compra-venta. Tres, el partido político
como aglutinador de políticas de
intimidación y subordinación social
en favor de las empresas en distintos
territorios. Así, pues, en Guatemala los
Acuerdos de Paz de 1996 promovieron
una dinerización de las relaciones
sociales a la vez que, en el fondo,