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a la conclusión de que la minería apenas aportaba puestos
de trabajo en el conjunto del país, ni suponía un importante
ingreso del PIB, en comparación con otros rubros mucho más
importantes. Por el contrario, esta actividad estaba provocando
un gran deterioro medioambiental, dadas las técnicas tan
agresivas utilizadas. A su vez estaba desplazando a comunidades
indígenas que habían ocupado aquellas tierras por centurias, y
que ahora se veían privadas de sus medios de vida. Por todo
ello, la investigación concluía recomendando una moratoria en
la actividad minera en el país, una petición que fue avalada por
el propio rector del Ateneo. La noticia saltó a la primera página
de la prensa y algunos amigos del Ateneo expresaron su queja
y malestar. Sin embargo, las autoridades de la universidad se
sintieron en todo momento convencidas de que debían adoptar
esta postura valiente, respaldando a sus propios investigadores.
Recientemente han desarrollado un protocolo para decidir quién
debe avalar determinadas demandas y cuál debe ser el proceso
para la debida toma de decisiones.
4. Una comunidad universitaria que promueve
la justicia
La universidad es algo más que la mera suma aritmética de
los individuos que la componen. En realidad se trata de una
verdadera comunidad universitaria que es la encargada de llevar
adelante la misión universitaria. Sin esta comunidad no se podrá
conseguir que la formación del alumnado, la investigación y
la proyección social de las que hemos hablado, puedan estar
orientadas hacia la justicia. No son suficientes los consejos de
gobierno o los equipos directivos compuestos por personas
que comparten la misión –si bien esto es necesario–, pues la