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a la conclusión de que la minería apenas aportaba puestos 
de trabajo en el conjunto del país, ni suponía un importante 
ingreso del PIB, en comparación con otros rubros mucho más 
importantes. Por el contrario, esta actividad estaba provocando 
un gran deterioro medioambiental, dadas las técnicas tan 
agresivas utilizadas. A su vez estaba desplazando a comunidades 
indígenas que habían ocupado aquellas tierras por centurias, y 
que ahora se veían privadas de sus medios de vida. Por todo 
ello, la investigación concluía recomendando una moratoria en 
la actividad minera en el país, una petición que fue avalada por 
el propio rector del Ateneo. La noticia saltó a la primera página 
de la prensa y algunos amigos del Ateneo expresaron su queja 
y malestar. Sin embargo, las autoridades de la universidad se 
sintieron en todo momento convencidas de que debían adoptar 
esta postura valiente, respaldando a sus propios investigadores. 
Recientemente han desarrollado un protocolo para decidir quién 
debe avalar determinadas demandas y cuál debe ser el proceso 
para la debida toma de decisiones.

4. Una comunidad universitaria que promueve 

la justicia

La universidad es algo más que la mera suma aritmética de 
los individuos que la componen. En realidad se trata de una 
verdadera comunidad universitaria que es la encargada de llevar 
adelante la misión universitaria. Sin esta comunidad no se podrá 
conseguir que la formación del alumnado, la investigación y 
la proyección social de las que hemos hablado, puedan estar 
orientadas hacia la justicia. No son suficientes los consejos de 
gobierno o los equipos directivos compuestos por personas 
que comparten la misión –si bien esto es necesario–, pues la