Segunda época, año 11, número 11 - 2017 / UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
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puede indicar que se han conformado equipos de extensión rural en cada municipio
(336), compuestos por tres extensionistas, cada uno atendiendo grupos de
agricultura de subsistencia, mujeres y excedentarios. Las principales limitaciones
en la implementación de estas políticas, más allá de las concebidas limitaciones
presupuestarias, es que no atienden los problemas de fondo, tales como la
desigualdad en la distribución de la tierra y los procesos de falta de reconocimiento
de los derechos legítimos de tenencia de la tierra; además son políticas más
gubernamentales que de Estado y por lo tanto están sujetas a la temporalidad que
impone cada periodo gubernamental.
La Política Agraria (PA-SAA). Impulsada desde la SAA y aprobada mediante
el Acuerdo Gubernativo 372-2014, del 29 de octubre de 2014, pretende la
transformación democrática del agro guatemalteco como elemento dinamizador,
conjuntamente con el uso de otros activos productivos, del desarrollo rural integral.
De manera específica pretende lograr el acceso a la tierra, la certeza y seguridad
jurídica sobre la propiedad, posesión y tenencia, con equidad de género, de forma
institucionalizada, transparente y con base en una legislación y jurisdicción agraria
pertinentes, así como fortalecer la atención y resolución de conflictos agrarios,
a través de métodos alternos y por la vía jurisdiccional pertinente (SAA, 2014).
La otra limitación es que a pesar de que la Política de Desarrollo Rural Integral
expresa un «aterrizaje territorial», en realidad carece de un enfoque territorial ya
que es excesivamente sectorial (agrícola, campesino) y no promueve el diálogo, la
negociación y la complementariedad entre los actores territoriales (transportistas,
comerciantes, procesadores, intermediarios, prestadores de servicios técnicos o
crediticios, etc.).
La PA-SAA se constituye también en la plataforma para la institucionalización de las
directrices voluntarias para la gobernanza de la tierra, los bosques y las aguas (DV),
aprobada recientemente por los Gobiernos en el seno de la FAO.
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS DIRECTRICES
VOLUNTARIAS
Las directrices voluntarias son un conjunto de principios y de prácticas recomendados
que indican cómo se pueden gobernar los derechos y deberes asociados con la tierra,
la pesca y los bosques. Las directrices voluntarias han sido elaboradas expresamente
para abordar los problemas relacionados con una tenencia imperfecta y con las
siempre mayores presiones que se ejercen sobre los recursos naturales. Hacen
hincapié, en particular, en las personas vulnerables y marginadas (FAO, 2014).