157
María andrea Batres León
desde el punto de vista estrictamente legal y procesal, sí existió un
error de derecho, pues los jueces no apreciaron una prueba que fue
recibida por el juez, usando sus facultades de inmediación procesal
y bajo juramento de decir la verdad; por lo que el análisis debió girar
en torno a cuál elemento tenía más peso probatorio, si la fe pública
notarial o la declaración de parte.
La apreciación de la prueba pudo haberse realizado utilizando
la regla general de que la prueba tiene una eficacia específica, depen-
diendo de la mayor o menor proximidad el juez; en este caso, el juez
no tuvo proximidad con los hechos y documentos suscritos, pero sí
la tuvo con el relato efectuado por las partes, donde uno de los prin-
cipales demandados confesó, y el otro demandado fue confeso ficto,
por lo que sí existió un error en la valoración de la prueba.
Por otro lado, los demandantes del juicio ordinario debieron
soportar sus pretensiones con dictámenes de expertos para confirmar
que las firmas efectivamente eran falsas, pues habrían aportado más
elementos para los juzgadores; pues efectivamente la fe pública no-
tarial no puede desvirtuarse si no es atacada de falsedad y nulidad
con pruebas idóneas.
Según nuestra doctrina procesal, los hechos que pueden ser obje-
to de prueba y materia de la misma son: a) constitutivos; b) extintivos;
c)
invalidatorios; y, d) convalidatorios
11
. Por lo que sí es evidente que
en el proceso de mérito se dieron hechos constitutivos para comprobar
las afirmaciones y hechos invalidatorios que confirman la nulidad
del instrumento público y del negocio jurídico.
VI. CONCLUSIONES
1.
El presente análisis comprende las instituciones jurídicas y los
hechos controvertidos manifestados por las partes dentro de un
recurso de casación en materia civil.
2.
Durante el análisis, nos planteamos interrogantes como la inefi-
cacia del negocio jurídico de mandato, contenido dentro de un
instrumento público notarial que también adolece de nulidad
por omisión de formalidades esenciales para su validez.
11 Ruiz Castillo de Juárez, Crista, Teoría general del proceso, Guatemala, Jurisoft, 2010.