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MSC. XIoMARA PATRICIA MEJíA NAVAS

delitos informáticos, son circunstancias que no permiten la existencia 
de un concepto unísono a nivel mundial que defina los delitos 
informáticos, ya que ni el mismo Convenio sobre la Ciberdelincuencia 
lo contempla, a pesar de ser normativa especializada y determinante 
en esta materia. 

Por consiguiente, los legisladores tienen frente a ellos un reto, 

el de materializar en la legislación penal interna, tipos penales 
acordes a la realidad, sin la existencia de un concepto base que 
les permita interpretar el verdadero sentido de esta ciencia y las 
graves repercusiones de estos tipos penales, no solo a nivel parti-
cular sino estatal. 

Pero deben estar conscientes de la protección que el Estado les 

debe a los individuos, que gozan de derechos fundamentales que no 
pueden ser afectados, como por ejemplo, el derecho a la privacidad, 
a la intimidad, al cuidado de los datos sensibles, sin olvidar que esos 
derechos gozan a nivel mundial de una protección especial, no solo 
constitucional, sino también están resguardados por convenios y 
tratados internacionales, que la mayoría de los países ha ratificado. 

Continuando con el tema del delito informático, es interesante 

la perspectiva que tiene el autor Marcos Salt, cuando lo analiza: 

«Este concepto de “delito informático” abarca, en realidad, un conjunto 
de conductas de distintas características, que afectan bienes jurídicos 
diversos y que solo son agrupadas bajo este concepto por su relación 
con el ordenador. Esta amplitud del concepto de “delito informático” 
determina que, a los fines del análisis jurídico, este sea un concepto 
vacío, sin contenido propio, que sólo puede ser adquirido con la des-
cripción concreta de las distintas conductas que abarca».

6

 

Esta definición es una clara muestra de las dificultades men-

cionadas, donde la conducta ilícita ejecutada no es vista desde una 
concepción del bien jurídico tutelado apropiado (como delito infor-
mático), sino por el resultado provocado con esa actividad, por el 
uso de un computador; percibiéndose como necesaria la descripción 
concreta del acto de desvalor. 

6 

Salt, Marcos G., «Delitos informáticos de carácter económico», en Maier, Julio 

B.J. (compilador), Delitos no convencionales, Buenos Aires, Argentina, Editores 

del Puerto, 1994, p. 226.