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INTRODUCCIÓN
tración). No podemos imputar este hecho a Emakunde
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, creo que
debemos agradecerle sus esfuerzos pero que no se les deba la misma
gratitud a los partidos políticos que en las distintas legislaturas han
ocupado el Gobierno
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.
El sistemático incumplimiento de muchos de sus preceptos por
parte de la propia administración nos obliga a considerar otro de los
problemas de la ley: el lenguaje utilizado en su redacción. No es un
lenguaje propiamente jurídico, es decir, coercitivo, por lo que permite
incumplimientos que, como los de la Consejería de Sanidad o la de
Educación, ponen en jaque la efi cacia de la LIV, tanto desde el punto
de vista jurídico como desde el político y social. La LIV no prevé
ningún tipo de consecuencia jurídica ante un incumplimiento de la
norma por parte de la propia administración, ni ningún mecanismo
de control o inspección para incentivar su cumplimiento. Entiendo
que deliberadamente el texto es más propositivo que prescriptivo,
forma propia de una ley, y no es coercitivo. En algún sentido podemos
afi rmar que se vincula más a los anteriores planes de igualdad que
a una norma jurídica de nuevo cuño, como pretende.
Esta característica resta efi cacia y efectividad a esta ley al mos-
trarnos un problema de indefi nición en cuanto a su alcance, que
puede prolongarse durante toda su vigencia. Hay muchos preceptos
de la LIV que no se han cumplido, ya no en el periodo previsto, sino
en la actualidad, después de 10 años de existencia de la Ley, y no
parece que este hecho incomode especialmente a los representantes
institucionales, tan afi cionados a requerir el cumplimiento de la ley
a la ciudadanía. Esto no nos debe extrañar, pues como dice Celia
Amorós, en cuestión de igualdad de mujeres y hombres en un sistema
patriarcal estamos obligadas a aplicar siempre la política o el método
de la sospecha. Pero a lo que sí nos debiera obligar, a nosotras, a la
sociedad civil, al MFs, es a exigir su cumplimiento. Somos partícipes
de una especie de cultura generalizada que dice que ante la existencia
de un problema en la sociedad si se hace una ley el problema queda
resuelto. Este era uno de los riesgos de la aprobación de la ley. En todo
8 Emakunde: dentro del Gobierno Vasco, depende directamente de la presidencia, es
la institución encargada de promover de manera trasversal en la administración
de la CAPV las políticas públicas para la igualdad de mujeres y hombres.
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Dos casos paradigmáticos que requerirían un estudio más pormenorizado
serían los de las Consejerías de Educación y de Sanidad.