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Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales (IIJ)
1.3 ¿Por qué es importante proteger el medioambiente?
Como se presentó en los apartados previos, los elementos naturales y los sociales se
influyen mutuamente a tal punto que la subsistencia de unos depende de los otros. Bajo
esta premisa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinó, recientemente, que
existe una relación innegable entre la protección del medioambiente y la realización de
otros derechos fundamentales del hombre, pues para gozar plenamente de la vida, la
integridad personal, la salud, la propiedad, etc., se requiere de un medio adecuado para
el efecto. No obstante, también se reconoce que el derecho a un ambiente es autónomo
y, como tal, busca proteger a todos los elementos naturales –bosques, ríos, mares, entre
otros– aun cuando no se evidencie riesgo para las personas (CIDH, 2018).
De acuerdo con la CIDH (2018), la protección del medioambiente es necesaria
no solo por los efectos que su degradación puede causar al ser humano y a
sus derechos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con
quienes se comparte el planeta.
1.4 ¿Cómo protege la Constitución Política de la República de
Guatemala el medioambiente?
La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) protege el medioambiente a
través de otros derechos humanos, pero también de forma independiente. En el primer caso,
el artículo 1 de la norma constitucional señala que el Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común.
Para la Corte de Constitucionalidad (CC, 2016), este precepto refleja los valores sobre los
cuales se cimentó el Estado de Guatemala: un Estado humanista, cuya organización se
dirige hacia la protección de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra el
derecho a un ambiente sano.
El artículo 2 de dicho cuerpo normativo establece el deber del Estado de garantizar a los
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona. Lo anterior significa, de acuerdo con la CC, que el Estado es
responsable de crear las condiciones que permitan asegurar la existencia de la persona,
para lo cual debe procurar implementar políticas públicas sociales que aseguren el