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Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales (IIJ)

Tabla 4.1 Primeros avances normativos

Cuerpo normativo

Artículo(s)

Principales aportes en materia de responsabilidad 

patrimonial del Estado

Código Civil de 1889 

1902 y 1903

Establece la responsabilidad del Estado al actuar a través 
de un «agente especial». 

Ley de 
Administración y 
Contabilidad de la 
Hacienda Pública  
de 1911 

24

Abre la posibilidad de demandar al Estado por daños y 
perjuicios ante los tribunales ordinarios en cuestiones 
relacionadas con tributos. 

Constitución de 
1931

41.3

Regula la responsabilidad civil, subsidiaria y subjetiva del 
Estado central y corporaciones municipales.

Ley de Bases 
Municipales de 1935

209

Establece la responsabilidad directa (por hecho propio) 
o subsidiaria de las entidades municipales. 

Ley de Régimen 
Local de 1950

405 y 406

Vuelve a establecer la responsabilidad directa o 
subsidiaria de las entidades locales. 

Fuente: elaboración propia, con base en los cuerpos normativos analizados.

4.2 LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE 1954 Y LEYES 

RELACIONADAS

Según el criterio de Eduardo García de Enterría, las leyes preconstitucionales –es decir, 
previas a la Constitución de 1978– que conformaron un marco jurídico garantista de 
la Administración Pública Española fueron cuatro: (a) la Ley de Expropiación Forzosa 
(LEF) de 1954; (b) la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1956; (c) 
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, y (d) la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 1958. Estas leyes establecieron ciertos principios 
acordes con el ideal del Estado de derecho, que más adelante fueron «consagrados» en 
la Constitución de 1978

129

. En este apartado se analizan brevemente los aportes de estas 

leyes al desarrollo de la figura de la responsabilidad patrimonial estatal, especialmente la 
LEF de 1954.

129 

García de Enterría, Eduardo, «La Ley de Expropiación Forzosa de 1954, medio siglo después», Revista 
de Administración Pública, España, núm. 156, septiembre-diciembre 2001, p. 252.