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Responsabilidad patrimonial del Estado: propuestas para Guatemala con base en el modelo español
1.5.4 Relación con el Estado de derecho
La institución de la responsabilidad patrimonial del Estado tiene una relación intrínseca
con la transformación del Estado absolutista hacia el Estado de derecho, la cual involucra
cambios sustanciales en el gobierno y la población, así como en las relaciones entre ellos.
El Estado absolutista se caracteriza por la concentración del poder y la discrecionalidad.
Según este modelo, la soberanía le corresponde al gobernante. Por el contrario, el Estado
de derecho se basa en la separación de poderes, la sujeción de las autoridades a la ley y
la idea de que la soberanía reside en la voluntad general de la población. El resultado
del cambio hacia un Estado de derecho significa necesariamente una reducción en el
abuso del poder y la estructuración de un aparato estatal que funciona en beneficio de
los gobernados
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.
Un régimen político no puede autodenominarse como un Estado de derecho si no
reconoce algún tipo de responsabilidad estatal. Además, este sistema debe funcionar
adecuadamente, de tal manera que no implique requisitos engorrosos o trámites
innecesarios que hagan materialmente inviable demandar al Estado.
Si el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado funciona adecuadamente, puede
servir como una herramienta doble. Por un lado, como una garantía resarcitoria para los
particulares frente a los abusos estatales; y por otro, como un mecanismo para asegurar
que el Estado actúe dentro de ciertos límites, con el debido cuidado y precaución, para
evitar ser demandado. El resultado ideal es el de un Estado que cumple con sus funciones
tomando las medidas necesarias para minimizar los daños injustificados a los particulares
y que cuando inevitablemente se dé algún caso de lesión a los derechos de un particular,
se le satisfaga con una reparación integral a través de un procedimiento expedito y justo.
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Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, op. cit., pp. 214-215.