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LUIS ANDRÉS LEPE SOSA 

En el capítulo II, Protección de la seguridad alimentaria en el derecho 

internacional, se clasifi can, analizan y sintetizan las normas jurídicas 

internacionales que se han creado con el objetivo de proteger el derecho 

humano a la alimentación y la seguridad alimentaria, incluyendo 

tratados de derechos humanos, instrumentos constitutivos de 

organizaciones internacionales especializadas (como la FAO y el PMA), 

declaraciones de conferencias mundiales y observaciones generales 

emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

El capítulo III lleva por nombre Marco constitucional de la seguridad 

alimentaria en Guatemala. Debido a que la Constitución es la norma de 

jerarquía superior en el ordenamiento jurídico guatemalteco, es necesario 

saber qué es lo que la carta magna tiene que decir respecto al derecho a 

la alimentación y/o seguridad alimentaria. Para el efecto, se enumeran 

algunas de las ventajas que supone el reconocimiento constitucional 

del derecho a la alimentación; también se clasifi can las maneras en 

que las constituciones alrededor del mundo reconocen el derecho a la 

alimentación. La parte más importante del capítulo es el análisis de los 

artículos constitucionales que se refi eren al derecho a la alimentación y a 

la seguridad alimentaria (específi camente, los artículos 51, 96 y 99). 

El capítulo IV, titulado Ley y reglamento del Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, analiza el marco institucional de seguridad 

alimentaria en Guatemala, denominado Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (abreviado, SINASAN) a partir de las 

normas que lo crean, regulan y desarrollan: el Decreto 32-2005 y el 

Acuerdo Gubernativo 75-2006. Se estudia este tema como un capítulo 

aparte debido a la importancia que el SINASAN tiene en las acciones 

de seguridad alimentaria a nivel nacional. 

El capítulo V, denominado Legislación ordinaria relacionada con la seguridad 

alimentaria, estudia una serie de leyes ordinarias cuyo articulado se 

relaciona con uno o varios de los pilares que conforman la seguridad 

alimentaria: a) disponibilidad; b) acceso; c) utilización; y d) estabilidad.