no gubernamentales ayuden a la efectiva reeducación y la elevación de 
la autoestima de dichas personas, para un desarrollo personal efectivo y 
ayudarlos a adaptarse a la sociedad al salir de prisión. 

Por no ser atendido en forma integral desde el aspecto del 

desarrollo social (educación, salud, economía, trabajo), se ha venido 
criminalizando al individuo en lugar de ser considerado bajo esos 
aspectos sociales con los que se minimizarían la pobreza y la falta 
de un desarrollo personal y social, con un ingreso mínimo para la 
subsistencia; así se evitaría en gran parte la criminalidad existente. 
Las instituciones del Sistema de Seguridad y Justicia, con cumplir 
efectivamente con sus respectivas funciones, conducirían a la 
reducción de la población reclusa y el gasto resultaría siendo menor, 
puesto que se le estaría proporcionando a la persona privada de su 
libertad la atención integral que todo individuo merece, además 
de concientizarla a través de políticas de educación y salud física y 
mental, para ocupar su tiempo en el verdadero desarrollo personal, en 
benefi cio de la comunidad y por ende, de la generalidad.

Es importante resaltar que muchas de estas situaciones se 

regularían mejor con los reglamentos que se deben emitir, incluyendo 
la equidad en el trato a la persona reclusa, el cual se debe realizar sin 
discriminación, y la prevención de casos de tortura. También se regularía 
la actividad de entidades, como organizaciones no gubernamentales 
–ONG–, que coadyuvarían a la educación y readaptación social de 
las personas encarceladas, pero no solo de los que cumplen condena, 
también se regularía la actividad de las personas sujetas a prisión 
preventiva. Se les brindaría el apoyo social para el goce de sus derechos 
fundamentales que no están vedados al guardar prisión, siendo los 
principales el de la alimentación, resguardo digno y de su vida. Las 
personas privadas de libertad, con esa ayuda organizativa a través de 
asociaciones civiles, participarían en labores propias y obtendrían 
su propio sustento económico, con lo que tendrían un incentivo 
para dejar de extorsionar, porque tendrían asegurado su propio 

EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

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