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Ana Patricia Castillo Huertas
Revista Estudios Sociales n.
o
83, ISSN 1409-4819, pp. 27-50
Los dos programas de crédito orientados a la producción de alimentos
(arrendamiento y Triángulo de la Dignidad), representan un porcentaje
significativo de participación de las mujeres, debido a políticas afirmativas
impulsadas por el Fondo de Tierras durante los últimos años, cuando fue
revisada su Política de Equidad de Género. Raquel Vásquez, Coordinadora
de la Alianza de Mujeres Rurales e integrante de la Asociación de Mujeres
Madre Tierra, señala que es pertinente considerar que los programas y
proyectos de este tipo parten generalmente de dos premisas: 1) las mujeres
suelen ser más responsables con el cumplimiento de los créditos, y 2) a las
mujeres se les asigna la responsabilidad de garantizar la alimentación de la
familia. Ella concluye señalando que
es necesario que se garantice que las mujeres participamos porque
tenemos derecho a entrar en estos y otros programas también
para nuestro propio bienestar, para ejercer ciudadanía y participar
activamente en todos los espacios de decisión para la planificación
del desarrollo rural; de manera que estos y otros programas sirvan de
verdad para el empoderamiento de las mujeres campesinas y rurales, y
no sólo nos genere más trabajo y responsabilidades
17
.
Desde esta perspectiva, las mujeres rurales y campesinas demandan el
acceso a la tierra; sin embargo, los datos aquí analizados evidencian que, por
la vía del mercado, la tendencia es cada vez más limitada y excluyente. La
pregunta que hace Raquel y que se queda sin respuesta es: «¿qué sigue después
de ese fracaso del mercado para el acceso de las mujeres a la tierra?»
18
.
2. Las estructuras que sostienen las desigualdades en
relación con el acceso a la tierra
Para que la población en condiciones de pobreza pueda tener acceso al uso,
tenencia, gestión y propiedad de la tierra, priva una perspectiva familiarista,
que hace invisibles a las mujeres, como sujetas del desarrollo, situándolas
como carentes de capacidades de agencia, en condición de dependencia y
como mediadoras del bienestar familiar. La familia nuclear biparental se
impone como modelo universal, al asignar, por costumbre, la representación
familiar exclusivamente en los hombres; situación que además de violar los
derechos de las mujeres, ignora los cambios jurídicos que se han incorporado
en las leyes del país –el Código Civil es un ejemplo de ello–, y desvinculada
la realidad de miles de familias guatemaltecas que, como consecuencia de
la migración, el conflicto armado interno y la irresponsabilidad paterna
–un fenómeno creciente en el país–; son mujeres las responsables directas de
las familias.
17
Raquel Vásquez, Entrevista. 5 de septiembre de 2013.
18
ibid.