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Centroamérica: la agricultura familiar en el desarrollo territorial

Revista Estudios Sociales n.

o

 83, ISSN 1409-4819, pp. 1-26

en Honduras se observa el crecimiento de áreas de producción agrícola en 

Olancho, El Paraíso y en la Mosquitia. Por su parte, en El Salvador las zonas 

de producción agrícola no presentan variación

13

. Esta dinámica supone la 

coexistencia de una diversidad de modelos productivos, con sus distintas 

formas de acceso y uso de la tierra, así como la persistencia del avance de 

la frontera agrícola sobre áreas de bosque, sobre todo en la vertiente caribe.

Estos procesos de cambio generan diversos conflictos.  El avance  de  las 

inversiones diversas,  amenaza los derechos de las poblaciones campesinas e 

indígenas, principalmente por el desplazamiento y desalojo, de manera que

los territorios indígenas y las tierras en manos de comunidades campesinas 

están bajo la mirada de actores económicos nacionales, regionales y 

transnacionales  para  el  desarrollo de proyectos diversos en zonas rurales. 

Los procesos de regularización, así como los mercados de tierra han pasado 

a ser instrumentos claves para posibilitar el  acceso de inversionistas a  

importantes extensiones de tierra para la implementación de inversiones en 

zonas que antes eran dedicadas a la producción campesina

14

.

En respuesta a estas dinámicas, las organizaciones campesinas e indígenas, 

se congregan en defensa de sus derechos, ya sea en rechazo a medidas que les 

afectan o al promover cambios en los marcos legales, para revertir condiciones 

adversas. En Honduras, las organizaciones campesinas se movilizan en 

contra de disposiciones legales como la Ley para la Modernización y 

Desarrollo del Sector Agrícola  (1992), pues consideran que dicha ley 

permite el acaparamiento de tierras; dando como resultado una situación de 

conflictividad agraria, así como condiciones para el incremento de pobreza 

e injusticia rural. En Guatemala, donde persiste una histórica conflictividad 

agraria,  las organizaciones campesinas e indígenas conservan una fuerte 

presión para que sea  aprobada la Ley de Desarrollo Rural Integral, pues la 

juzgan como una medida que les facilitaría el acceso a la tierra; pero además, 

se agrupan en resistencia a megaproyectos de energía eléctrica, explotación 

minera y otros.  Esta conflictividad se agudiza con  la  militarización de 

comunidades, desalojos de colonos y campesinos de sus tierras de cultivo, así 

como ejecuciones extrajudiciales de sus líderes, para dar paso a las inversiones 

de palma africana o caña de azúcar

15

. En El Salvador los movimientos sociales 

apoyados por la Iglesia católica, lograron la aprobación, por parte de la 

Asamblea Legislativa, de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. El 

13

 Baumeister, «El Salvador», 29.

14

 Cuellar et al., «Dinámicas territoriales en Cetroamérica: contexto y desafíos para las 

comunidades rurales», Cuadernos Prisma, (San Salvador: Prisma, 2011), 22.

15

   Oxfam, «Land and Power. The scandal surrounding the new wave of investments in land.»,   

Oxfam Briefing Paper, (2011), 2-3. Consultado 10 de abril 2017. https://www.oxfam.org/sites/

www.oxfam.org/files/bp151-land-power-rights-acquisitions-220911-summ-en.pdf