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Jorge Mario Martínez Piva
Jorge Mario Martínez Piva
Revista Estudios Sociales n.
o
82, ISSN 1409-4819, pp. 1-26
4.2 El Salvador
En la década de 1990 se llevaron a cabo profundas reformas económicas:
privatizaciones, desregularización, liberalización de precios, reducción
de intervención del Estado y liberalización comercial. Se logró una mayor
eficiencia productiva y mejores condiciones de competencia en algunos
sectores. En diciembre del 2004 se promulgó la Ley de Competencia, que
creó un conjunto de normas para la protección y defensa del consumidor, y
se creó la Superintendencia de la Competencia, que vigila la ejecución de las
leyes de competencia. Las excepciones de la Ley de Competencia inicial de El
Salvador eran menores
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que las primeras leyes de la región (la de Costa Rica
y la de Panamá); hacía obligatoria la notificación previa de concentraciones,
incluso en sectores regulados; es más independiente que sus contrapartes,
y el presupuesto para la Superintendencia de Competencia (SC) se elabora
separadamente. En 2007 se llevó a cabo una reforma a la ley para atender
algunas lagunas y debilidades, como la
(…) insuficiencia de instrumentos para realizar sus investigaciones. A partir de la
reforma a la Ley en 2007, El Salvador fue el primer país que contó con la posibilidad
de hacer allanamientos –previo permiso judicial– a las empresas para obtener la
información que se necesitara, si el acceso a ella era imposible de otra manera.
Asimismo, se introdujeron mayores medidas cautelares, se elevaron las sanciones
por prácticas anticompetitivas, y se creó un Programa de Clemencia
16
.
4.3 Guatemala
Las reformas económicas se llevaron a cabo de una manera más lenta
que en el resto de los países, procurando sentar las bases de una economía
competitiva y moderna, con elementos básicos de política de competencia.
Se llevaron a cabo estudios que enfatizaron la importancia de crear un aparato
productivo competitivo que permitiera la inserción de los mercados en la
esfera internacional, así como la necesidad de un conjunto de instituciones
para la atracción de inversión y adaptación de nuevas tecnologías. Desde 1996
se han llevado a cabo reformas con estos objetivos y se crearon instituciones
suministro de derivados de hidrocarburos ((Recope), y las redes de suministro de agua.
También están en esta categoría la producción de insumos para la fabricación de bebidas
alcohólicas (Fábrica Nacional de Licores, Fanal) y de la distribución del producto
terminado; el mercado del azúcar, controlado por la Liga Agrícola de la Industria de la
Caña de Azúcar (Laica), el mercado del arroz, ni los servicios profesionales están sujetos a
la ley. Escolan y Shatan, ibid, 16.
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Están excluidas las actividades económicas que la Constitución y las leyes reservan
exclusivamente al Estado y los municipios.
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Escolán y Schatan, Panorama y retos…, 20.