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Jorge Mario Martínez Piva
Jorge Mario Martínez Piva
Revista Estudios Sociales n.
o
82, ISSN 1409-4819, pp. 1-26
de mercado y fuertes reformas sectoriales en educación, electricidad,
telecomunicaciones, servicios de agua y transportes, entre otras. Pero estas
reformas, aunque procuraban la eficiencia económica, en muchos casos no
se tradujeron en una mayor competencia en los mercados nacionales, sino,
a menudo, resultaron en prácticas abusivas y en concentración de poder de
mercado de grandes empresas o grupos empresariales. Los resultados de
las reformas hicieron evidente que la apertura comercial no era suficiente
para garantizar la competencia efectiva de los mercados, que condujera a la
eficiencia productiva. La experiencia demostró que el paso de una economía
más tutelada por el Estado a una economía regida por el mercado, adoleció
de una serie de instituciones que requerían de sustanciales asignaciones
presupuestarias y funcionarios altamente especializados.
Con una mirada retrospectiva crítica se puede decir hoy, que la sola
privatización de empresas estatales no garantizó la competencia, ya que en
algunos países implicó el traspaso de monopolios públicos a manos privadas.
También es importante señalar que las privatizaciones no fueron igual en
todos los países, ya que en algunos se privatizaron todas las actividades
productivas estatales y, en otros, el Estado mantuvo bajo su control algunas
empresas, como los casos del petróleo y energía eléctrica en México, o la
banca, los seguros y las telecomunicaciones en Costa Rica, entre otros. Se
pensó que la apertura económica y la consecuente reducción arancelaria
traerían competencia y eficiencia en todos los sectores. Sin embargo, el
reducido tamaño de los mercados nacionales en Centroamérica es una
variable estructural que permite que en algunos sectores, una o pocas
empresas sean capaces de abastecer y dominar el mercado, lo que aunado a
prácticas anticompetitivas arraigadas en la región, evitaron que los objetivos
se lograran.
El nuevo modelo requirió de una arquitectura legal que asegurara
el funcionamiento del mercado competitivo. Eran necesarias leyes e
instituciones que velaran por la competencia –además de la creación de
mecanismos de promoción de la innovación, promoción de las inversiones,
etc.–; pero en la región centroamericana, solo Costa Rica y Panamá tenían
ley de competencia desde la década de los 90. Esto facilitó que, a pesar
de las reformas, los mercados no fueran competitivos y continuó una alta
concentración de actividades productivas en pocas empresas privadas
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Peor aún, en muchos casos, las privatizaciones se dieron antes de que los
sectores se abrieran a la libre competencia, trasladando así con el dominio de
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Celina Escolán y Claudia Schatan, «Panorama y retos de la Política de Competencia en
Centroamérica», Serie Estudios y Perspectivas, n.º 169 (2016): 9-11.